Algún día podremos volver a debates de otros años y que revistieron una enorme trascendencia para el país, pero que por una razón u otra no han sido revisados y zanjados hasta ahora. No se trata sólo de enigmas y misterios, aunque los hay, ni tampoco de disyuntivas que se plantearon de una forma evidente en un momento determinado y ante las cuales el país quizás tomó el camino equivocado. Uno de esos debates que he tratado de seguir de cerca desde que surgió fue el lanzamiento de lo que Rubén Aguilar y yo llamamos desde 2009 la guerra de Calderón contra el narcotráfico.

Al respecto existen varias interrogantes a las cuales todavía no hay el tipo de respuesta que uno quisiera que hubiera. Como muchos recordarán, a los pocos días de tomar posesión el presidente Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico en Michoacán, y hasta la fecha vivimos las consecuencias de eso que, en mi opinión y creo que hoy de muchos más, fue un error histórico y sangriento. Pero más allá de las opiniones de unos u otros, quedan dos preguntas principales que muchos nos hicimos desde entonces y que siguen vigentes. La primera es por qué Calderón envió al ejército a Michoacán tan poco tiempo después de haber llegado a Los Pinos.

La respuesta del expresidente ha sido siempre la misma, siempre contundente y siempre incomprobable: porque me lo pidió Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán en aquel momento. A lo largo de estos años yo he procurado por muchas vías encontrar alguna comprobación de este dicho de Calderón. He realizado búsquedas de entrevistas, declaraciones, escritos del propio Lázaro. A través de un colega y coautor que trabajó un tiempo en Los Pinos en esa época, pedí vía Transparencia cualquier carta o documento que pudiera existir de Cárdenas a Calderón formulando dicha solicitud. Y en múltiples ocasiones le he planteado la pregunta al propio Lázaro. No me corresponde reproducir su respuesta, pero sí puedo afirmar que ni desmiente ni confirma lo que dice Calderón.

Ilustración: Patricio Betteo

Ahora por fin un académico muy conocedor de estos temas, y que los ha estudiado con detalle, se plantea la misma pregunta y da una respuesta muy clara. En su artículo de Reforma de este miércoles, Sergio Aguayo retoma esta discusión y concluye lo siguiente: a propósito de la violencia en Uruapan en 2006 “ese y otros incidentes llevaron al gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel, a quejarse con el presidente electo de que el jefe del Ejecutivo (Vicente Fox) no le hacía caso. Le pidió ayuda a Calderón, sin solicitarle el envío de las Fuerzas Armadas”. Que yo sepa, es la primera vez que un académico con credenciales y accesos para estudiar este asunto llega a una conclusión de este tipo. La comparto por completo: Cárdenas no pidió el envío del Ejército.

La segunda interrogante, que también formula a su manera el propio Aguayo, es la siguiente: “¿Por qué fue tan abrupta la manera en la que Calderón envió al Ejército a combatir a los narcotraficantes?”. Aguayo rechaza la respuesta de Calderón de que no fue sin diagnóstico. Afirma: “Hay testigos de calidad que lo desmienten”. Enseguida, Aguayo cita afirmaciones del actual subsecretario de la Defensa Nacional, Luis Rodríguez Bucio, a propósito de cómo se tomó la decisión durante el periodo de transición entre la elección presidencial y la toma de posesión de Calderón. Según él, en la entrevista que le concedió a Aguayo, las Fuerzas Armadas se lanzaron a la guerra sin diagnóstico, sin mapa delictivo, sin contar con un cálculo confiable del poder del narco, etcétera.

Rubén Aguilar y yo concluimos que Calderón no lanzó la guerra del narco por ninguna de las razones que él adujo, sino para legitimarse después de la elección de 2006. Elección que, en nuestra opinión, sí ganó, pero que en la mente de muchos mexicanos fue manchada por el fraude electoral. Obviamente Morena y López Obrador sostienen ese punto de vista, pero nunca fueron capaces de formular un análisis como el de Aguayo, con fuentes como las que él usó.

Falta mucho que discutir sobre todo esto, y quizás con los años se sepa más, sobre todo si otros militares o civiles involucrados en esas decisiones hablan. Se sabe quiénes son y dónde están. Valdría la pena buscarlos y convencerlos de que hablen.

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