A partir de esta semana los tijuanenses le han dado un sesgo distinto a la pandemia del COVID-19.
La población económicamente activa tiene que trabajar, las familias tienen que salir adelante y para lograrlo son indispensables los ingresos.
Los niños con sus inquietudes escuchando a todas horas el miedo a la pandemia y los injustos regaños de sus padres por sus pequeñas travesuras,
sin ir a la escuela para distraerse un poco requieren espacios mayores y a través del juego con otros niños canalizar su ansiedad.
Los obligados sin remedio al encierro son los adultos mayores, los pensionados, los enfermos y las heroicas amas de casa que tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos, preparar los alimentos y hacer que funcionen las cosas en el hogar.
Lo que requiere de una atención especial por parte de los gobernantes, de los especialistas de la salud mental, de los maestros y de los padres de familia, es la juventud.
Los jóvenes sobrados de energía y acostumbrados a la convivencia social ya no soportan la soledad, unos están en shock, otros usan internet como fuga de escape, pero no les alcanza; muchos están necesitados de psicoterapia, otros requirieren de intervención en crisis, y lo más preocupante es que se vislumbran intentos de suicidio – en todas partes del mundo – por la claustrofobia y el incremento en el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas.
En la mayoría de hogares tijuanenses se puede decir que ha habido seguimiento a las recomendaciones del sector salud internacional, nacional y local, por lo que en medio de los contagios y fallecimientos las cosas se han podido sobrellevar, sin embargo, la situación económica que ha propiciado la pérdida de los ahorros está obligando a la gente a salir a trabajar.
Esa es la única alternativa que queda. En los Estados Unidos el gobierno está brindando apoyos para evitar mayores quebrantos. Pero en México todos tenemos que trabajar. Pocos son quienes no lo necesitan. Los que estén impedidos física y mentalmente no tienen alternativa alguna.
Estamos hablando de las clases medias, porque los sectores más vulnerables no han dejado un solo día de ir a trabajar. “Primero es la obligación que la devoción”.
Ahora que el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario de salud Alonso Pérez Rico, han manifestado que de mantener las medidas de protecciónٕ podríamos entrar en la etapa de disminución de casos nuevos, parece representar el inicio de una nueva realidad.
Estas buenas noticias parecen un cántaro de agua fresca en medio del desierto.
¿Qué sigue después de la pandemia COVID19?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad médica internacional, están elevando la voz para que se tome en cuenta que los supervivientes de este desastre sanitario, habrán de enfrentarse a serias consecuencias de salud y económicas, previéndose la elevación de problemas emocionales y psicológicos: depresión, ansiedad, psicosis, esquizofrenia y adicciones, englobados todos estos en el concepto de la Salud Mental.
Si consideramos que en Baja California ha habido escases de insumos para la atención de todo tipo de padecimientos y que la pandemia vino a exacerbar la situación poniendo en un serio predicamento a las instituciones hospitalarias públicas, así como a personal médico y de enfermería, se hace necesario que el gobierno estatal jerarquice la salud y la economía de la población en primerísimo lugar.
Si por la velocidad de su propagación la pandemia no nos dio el tiempo necesario para una buena preparación y el establecimiento de medidas adecuadas, la lección debió ser aprendida; por lo que sin dejar de atender lo actual y urgente en este momento ya se debería estar trabajando en la estrategia con la que se cuidará y atenderá la Salud Mental de los bajacalifornianos.
Es por eso que llamaron fuertemente la atención notas periodísticas y comentarios vertidos en un escrito dirigido al gobernador por los profesionales de salud mental dentro del Instituto Estatal de Psiquiatría, acerca de la separación de los programas de adicciones por la creación de una nueva paraestatal.
Los especialistas de la salud mental manifestaron que esta nueva institución requeriría la contratación de personal administrativo y no ampliaría el personal operativo para la atención de las adicciones, que es un tema extremadamente delicado en el que se advierte que se podrían incrementar la necesidad y la demanda de estos servicios.
Estos especialistas también señalan que en este año, es decir, en el presupuesto presentado por el gobernador y aprobado por el Congreso del Estado, bajó el presupuesto que tenía el Instituto Estatal de Psiquiatría y disminuyeron la capacidad operativa del mismo, lo que seguramente propiciaría separar los programas de adicciones del mismo, toda vez que la reducción de su presupuesto será aún mayor.
Esta reducción, señalan en su escrito, altera las disposiciones de la Ley Estatal de Salud Mental de Baja California, donde se obliga al Estado a aumentar, o al menos no reducir, el presupuesto del Instituto de Psiquiatría para cada nuevo ejercicio.
Al momento de presentar esta iniciativa de ley en el Congreso, el promovente de la misma, el Dr. Miguel Osuna Millán en el 2018 insistía en que el presupuesto otorgado hasta ese momento era insuficiente ya que estaba por debajo de las recomendaciones internacionales para los programas estatales de salud mental, justificando debidamente la promoción de esta Ley de Salud Mental para el presupuesto de este Instituto.
-Por cierto, vale la pena decir que la renuncia de Miguel Osuna cómo secretario de Salud se debió a que había pedido un incremento necesario en el presupuesto para la Secretaría y al no conseguirlo renunció de manera irrevocable-.
Lo más preocupante es que si este presupuesto era insuficiente porque se hizo hace varios años bajo las condiciones normales de la salud pública del Estado, con esta nueva realidad donde los analistas pronostican un aumento de los casos que requerirán atención en la esfera de la salud mental, un Instituto Estatal de Psiquiatría con menos personal y con un financiamiento insuficiente no podrá brindar una atención adecuada a las necesidades que surjan en los próximos meses para los supervivientes de la pandemia del COVID19.
No es necesario ser experto en salud o administración pública para darse cuenta que disminuir el presupuesto de una institución de salud repercute de manera directa en los pacientes, en sus familias y en el Desarrollo de la sociedad.
Por lo que un presupuesto reducido de manera tan significativa no significa otra cosa que el abandono a su suerte de las personas con enfermedades mentales y la claudicación del Estado ante su obligación de proteger esta área de salud en este momento crítico en la historia de Tijuana.
Dimes y Diretes…
Se ha intensificado la política tijuanense y bajacaliforniana de cara al proceso del 2021 donde se habrá de elegir gobernador, alcaldes, regidores, diputados locales y federales.
El PAN de BC que encabeza Enrique Méndez Juárez por instrucciones de su dirigente nacional Marko Cortés Mendoza se encuentra haciendo una evaluación minuciosa sobre los partidos con los que podrían ir en alianza.
Por otra parte, el excandidato a la gubernatura Jaime Martínez Veloz ha manifestado que los acercamientos con partidos políticos van bien, hay una buena actitud y comunicación en donde privilegiamos todos aquellos aspectos que nos pueden acercar. He aquí algunas de sus expresiones:
“Considero que va bien ese tema de la coalición y estamos empezando con los aspectos programáticos que nos pudieran unificar”.
“En MORENA están todos contra todos peleándose como niños mostrando total inmadurez”.
“Las acusaciones que le están haciendo a Julián Leyzaola son una vileza”.
Cae en Cd. Juárez ex director opertivo de la Policía buscado por intento de homicidio de Julián Leyzaola https://t.co/OoMX1eLRJO
— diario19.com (@Diario19_) June 22, 2020
No veo ningún propósito de la autoridad con el teniente coronel que sea un acto de justicia, están buscando inhabilitarlo “a como dé lugar como posible candidato”.
“Los tijuanenses quieren a Leyzaola como alcalde por dos razones fundamentales: por sus resultados como secretario de Seguridad Pública Municipal y por el fracaso de las autoridades pasadas y las actuales ante la delincuencia”.
“De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de marzo del 2019 a marzo del 2020 ha crecido la desconfianza sobre las autoridades”.
“La falta de juicio del gobernador de BC presionando a los diputados que votaron contra la #LBII para que voten a favor de la #LBIII es otro más de sus disparates; eso es absurdo e ilegal”.
Si a Jaime Bonilla le permitieran ser candidato a presidente municipal ese sería su Waterloo. Concluyó Jaime “El Compa” Martínez Veloz.
El autor es empresario y analista.
Correo: [email protected]
Twitter: @aguirrelomeli
