El Estado cuenta con el monopolio de la violencia legítima.
Esta formulación Weberiana merece diversas consideraciones y evitar ser usada como verdad absoluta. En primer lugar, se trata de un criterio autoritario, porque despoja a la sociedad de la posibilidad de defenderse al ser atacada, ya sea por el Estado o por ataques externos; la concentración monopólica de la violencia, llega a poner en el terreno de lo ilegal la auto defensa societaria que reacciona contra la fuerza en su contra, venga de dónde venga el ataque.
El Estado debe controlar y monopolizar a las fuerzas armadas, para que defiendan al país de las agresiones que llegan del exterior, este monopolio se debe dirigir en contra de las agresiones contra el bienestar general, especialmente generados por una fuerza extranjera que pueda aliarse con una fuerza nacional; el lado obscuro de la situación, es la distorsión de esa defensa convertida en agresión del Estado contra la sociedad que se encuentra inerme contra las agresiones. El Estado define al mal pero frecuentemente inventa enemigos para propiciar la unidad social a su favor para cubrir/disfrazar los usos perversos del poder.
El segundo factor es la legitimidad. El Estado maneja la noción convencional de que el todo social lo legitima, y que la legitimidad es inalterable. Esto es impreciso debido en primer lugar a la heterogeneidad societaria, o sea que no todos apoyan al Estado de la misma manera todo el tiempo. Ni hay Carte Blanche de todos, ni hay rechazo de todos, la aceptación o rechazo se van modificando dependiendo de las acciones y decisiones del Estado.
Esta reflexión viene a cuento por las respuestas cínicas del ejército mexicano que trata de trasladarle las culpas de sus infamias a otras fuerzas represivas. Para el secretario de la Defensa el abuso contra los estudiantes en Iguala fue responsabilidad de la policía municipal y por lo tanto se opone a la Comisión de la Verdad. Nos debe una explicación sobre las acciones del ejército mientras sucedía la agresión. Si su opinión es correcta, la indagación sobre los funestos eventos en Iguala atribuirán las responsabilidades correctamente.
Siguiendo su criterio, tendremos que pensar que los eventos de 1968 fueron responsabilidad de alguien más. Desde el bazucaso en la preparatoria hasta la masacre del 2 de Octubre pasando por revelaciones como la de Scherer dónde queda claro el papel de las fuerzas armadas. Las imágenes que sobrevivieron la censura muestran al ejército apoderado de calles y reprimiendo a la sociedad. El ejército puede seguir reclamando inocencia, pero la terca realidad dice otra cosa. Los múltiples llamados al Estado mexicano para que los militares fueran responsabilizados por sus abusos, y que fueran juzgados por cortes civiles siempre se toparon con el rechazo firme de los militares, los que recurrían a múltiples trucos para que sus actos quedaran impunes.
Está documentado que a dónde llegaron los militares y policía federal aumentaron los homicidios, pero el ejército y la marina, se han negado a responder ante los señalamientos de represión, secuestros, asesinatos y desapariciones, ¿pretenden asignarle la responsabilidad a alguien más?
Cuándo distintos grupos que analizaban el caso de Iguala pidieron entrar al campo militar, revisar el gasto de gas y los hornos crematorios, se toparon con el rechazo abierto y decidido del ejército. Por cierto, ¿para qué necesitan hornos crematorios los campos militares? ¿Cuántas personas han cremado en los campos militares? Un militar fue asilado políticamente en Canadá cuándo adujo que parte de su trabajo fue conducir gente a los campos con hornos crematorios, fue el instrumento de una política de desaparición de personas. ¿Qué cuentas nos darán de las personas que fueron vistas con vida por última vez en manos de militares o campos militares y luego desaparecieron?
Los actos y dichos de los militares tienen un fuerte tufo de impunidad, de intentos para desaparecer pruebas de su culpabilidad en agresiones a la sociedad.
Esta semana conmemoramos el 2 de Octubre como una de las fechas emblemáticas de la agresión de los militares y el Estado contra la sociedad. Un Estado que perdió la legitimidad ante grandes segmentos sociales y que inició una larga época de dominio gracias a la represión.
Un país que no tiene conflictos militares se encuentra construyendo fuerza aérea, comprando misiles, y reforzando la capacidad represiva de fuerzas militares que se visten de violencia y brutalidad en contra de la sociedad, aunque siempre culpen a alguien más.
Es tiempo de mandar a los militares y marinos a sus bases, desmantelar su poder destructivo, y poner esa gran infraestructura al servicio de la sociedad. Paralelamente se debe crear una o muchas comisiones de la verdad para que la sociedad se entere de las matanzas, desapariciones, guerra sucia y todas las violaciones que se hicieron utilizando ese monopolio de la violencia que se deslegitimó.
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