Esta semana he dedicado mis artículos al tema de la corrupción. Termino, hoy, con qué ha hecho este gobierno, el de López Obrador, para castigar los actos de corrupción de gobiernos pasados. La respuesta: muy poco, casi nada.

¿Dónde está Enrique Peña Nieto, que presidió uno de los gobiernos más corruptos de los que se tenga memoria? De acuerdo con la prensa del corazón, se encuentra viviendo plácidamente en España, como un pachá, disfrutando de una nueva novia. No parece estar muy preocupado de que el presidente López Obrador vaya a perseguirlo judicialmente.

¿Dónde está Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien recibió sobornos de la empresa Odebrecht y que, supuestamente, daría información a la Fiscalía General de la República para revelar escandalosos casos de corrupción durante el sexenio de Calderón y Peña? Lo único que sabemos es que no está en la cárcel. Vive en libertad como si no hubiera recibido ni uno solo soborno.

¿Dónde está David Korenfeld, exdirector de Conagua, que utilizaba el helicóptero de la institución como su vehículo personal? Muy tranquilo porque uno de sus gerentes que lo protegió el sexenio pasado, Efraín Álvarez Caborno, es ahora el director general de Denuncias y de Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, al mando de Irma Eréndira Sandoval.

La única que está en la cárcel es Rosario Robles en lo que parece más un acto de venganza de este gobierno debido al papel que jugó la exdirigente del PRD en los videoescándalos de 2004 que tanto afectaron la imagen de López Obrador y llevaron a la cárcel a uno de sus principales operadores políticos, René Bejarano.

A más de dos años de tomar posesión, la impunidad campea. No debería sorprendernos porque el propio López Obrador dijo que no valía la pena ver al pasado, sino que había que mirar al futuro.

Sin embargo, yo soy de los que creo que no se va a resolver la corrupción en México mientras siga existiendo impunidad. Lo que hay que romper es el pacto de “tapaos los unos a los otros” que tan bien definió María Amparo Casar en un artículo de 2014 en Excélsior. Con toda razón, nuestra colega decía: “Los partidos resultaron estar hechos de la misma materia prima y adoptaron la regla no escrita de: ‘se vale exhibir, pero no perseguir; se vale denunciar, pero no consignar’”.

Bueno, pues seguimos en lo mismo. Muchas palabras en las mañaneras de Palacio Nacional, poquísimas investigaciones judiciales y ninguna sentencia.

Mientras más pasa el tiempo, y prevalece la percepción de que el gobierno actual no ha hecho nada para castigar a los corruptos del pasado, más creíble se hace la hipótesis de que Peña López Obrador hicieron un pacto antes de las elecciones. El primero lo ayudaría a llegar a la Presidencia quitando del camino a su principal adversario, Ricardo Anaya, fincándole un falso proceso judicial, y el segundo le otorgaría impunidad al expresidente una vez que lo sucediera.

Agobiados por los problemas cotidianos, los mexicanos nos vamos olvidando de la terrible corrupción del pasado. Es cierto: el Presidente nos la recuerda a cada rato. Pero lo encuadra como un problema estructural del modelo neoliberal y no de personas que, sin moral y escrúpulos, se aprovecharon del poder para hacer negocios jugosos.

No todos los políticos y funcionarios del pasado fueron corruptos. Eso sería una mentira equivalente a decir lo mismo de los actuales. La corrupción sí es un problema sistémico, pero que tiene que ver con la impunidad, no con el modelo económico. Hay países liberales con muy poca corrupción y socialistas con mucha. El chiste es perseguir y castigar a los corruptos. Y eso, en México, no se hace. Ni en el pasado ni en el presente. A los que roban no les pasa nada. En este sentido, la prometida transformación no ha llegado. Desgraciadamente, siguen tapándose los unos a los otros.

 

Twitter: @leozuckermann