Si la explicación que intenta justificar la ley garrote en Tabasco es que se diseñó para combatir los numerosos casos de extorsión en la entidad natal del Presidente de la República, por mayoría de razón aunque esa cualidad anda escasa y con los niveles de extorsión que vivimos en la Ciudad de México, la obtusa legislación podrá replicarse en otras entidades o en la capital, faltaba más.

La carencia de argumentos objetivos y serios ha puesto contra la pared a los funcionarios militantes de Morena que han dado muchas maromas para evitar reconocer que esas medidas violentan la libertad de manifestación, que durante muchos años ejercieron como oposición desde otros partidos y que utilizaron como mecanismo de presión política para echar abajo diversos proyectos de infraestructura. No olvidemos Atenco, con los lamentables acontecimientos que llegaron hasta la Corte para investigarse como violaciones graves de garantías.

Ahora en Morena, con muchos expriistas y experredistas en sus filas, comenzando por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, ven con naturalidad que el congreso de Tabasco haya aprobado modificaciones al Código Penal para tipificar con 13 años de prisión a quien impida con manifestaciones la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en la entidad. La secretaria de Energía, Rocío Nahle y Yeidckol Polevnsky no escatiman declaraciones para defender la ley del garrote.

¿Que no lleva dedicatoria para la construcción de la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso o el paso del Tren Maya en Tenosique y Balancán? Seríamos muy ingenuos en creer que no. Ahora que dejaron de ser oposición y son gobierno, muestran doble moral para criminalizar las expresiones de protesta contra sus cuestionados proyectos de infraestructura en la región.

Morena legisla a modo y conveniencia de sus intereses políticos o que podemos pensar con el indignante ejemplo en Baja California para regalarle tres años más de gobierno a Jaime Bonilla, con una reforma a la constitución local que pisotea el Estado de derecho y exhibe un aparente pacto entre el gobernador electo y el saliente, Francisco Vega que inexplicablemente se niega a publicar el texto recién modificado para hacerle el favor a Bonilla. Intentan a toda costa evitar que el tema llegue a la Suprema Corte por la vía de acciones de inconstitucionalidad que pueden revertir el atropello.

•••

EDICTOS: El congreso de la CDMX aprobó una ley que anula el derecho de presunción de inocencia para establecer que será el ciudadano y no las autoridades las que tendrán que comprobar la veracidad de las acusaciones que justifiquen la causal de extinción de dominio sobre su propiedad; es decir, será el particular el que tendrá que demostrar que no es culpable, absorbiendo la carga de la prueba. La extinción de dominio sólo se aplicaba a casos del crimen organizado, ahora podrán invocarse más de 240 supuestos, entre ellos la causa preferida, corrupción. Agárrense!

 

POR ENRIQUE RODRÍGUEZ

[email protected]

@JENROMA27