Miles de toneladas de desechos peligrosos están contaminando el agua, suelo y aire de Baja California y California, con impunidad, por corrupción en dependencias federales, estatales y municipales, denunció el grupo ambientalista México, Comunicación y Ambiente Asociación Civil.

El presidente nacional del grupo ecologista, ing. Carlos Álvarez Flores, denunció a cuatro empresas de Baja California que se dedican supuestamente al reciclaje de residuos peligrosos, pero violan la ley, contaminando su entorno y el de otras ciudades.

La denuncia argumenta que algunas, como la Recicladora Temarry, ubicada en Tecate, carecen de la capacidad suficiente para las enormes cantidades de residuos que reciben, y lo que hacen es desparramarlos en derredor y trasladar otras toneladas más hacia otros lugares, como Nuevo León, por ejemplo, donde también se hace una práctica similar.

Asimismo, en Tijuana señala otras tres plantas recicladoras de materiales peligrosos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y, al igual que todas las que fingen “reciclar”, pagan “cuotas” para que autoridades ambientales, de los tres niveles de gobierno, se “hagan de la vista gorda”.

Y lamentablemente ese problema es nacional, ya que se perciben los mismos problemas de contaminación ambiental por mal manejo de los residuos peligrosos en las zonas industriales del Valle de México, Salamanca, Coatzacoalcos, Coyoacán, Veracruz, Monterrey, Saltillo, Mexicali, Tecate y Tijuana, principalmente.

En la denuncia presentada directamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Guillermo Haro Bélchez, se denunció que la señora Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, propietaria de Temarry S.A. de C.V., se ha coludido con Delegados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la misma Profepa, en Baja California, para que no tengan corrección ni castigo las irregularidades que cometen; señalando que también violan las normas oficiales en materia de protección y preservación del medio ambiente las empresas tijuanenses Pacific Treatment Environmental Services S.A. de C.V., Servicios Ambientales Mexicanos S.A. de C.V., y Baja Wastewater Solutions S. de R.L.

Por lo anterior, la demanda incluye la petición de que esas empresas sean clausuradas y multadas, en tanto que comprueben que sus desechos están en lugares autorizados, que cumplan las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) y sean reciclados o eliminados correctamente.

Son corresponsables tanto las empresas que son centros de acopio, como la mismas empresas generadoras, las que reciben los residuos peligrosos de aquellas, y las que manejan los residuos peligrosos y que no cumplen con los procesos que marca la reglamentación correspondiente, así como las autoridades ambientales competentes de los tres niveles de gobierno que hayan sido omisas o actuado en complicidad.

Álvarez Flores dijo que la empresa Temarry tiene una planta pequeña, que obviamente no tiene la capacidad para manejar las miles y miles de toneladas de residuos peligrosos que informa; ésa y las otras plantas de Tijuana, indicó, convierten a esta frontera en el basurero de los estadunidenses, “a cada rato se incendian, y siguen operando aunque las clausuren; siguen recibiendo solventes, petroquímicos y otros materiales, dándoles un manejo irresponsable”.

El dirigente del grupo ecologista México, Comunicación y Ambiente A.C. añadió que prefirió asentar la denuncia formal (el pasado 23 de febrero) en la Ciudad de México, en las oficinas centrales de la Profepa, “debido a que los Delegados de esa dependencia y de la Semarnat en Baja California, solo cobran su “cuota” y no hacen nada contra esas empresas”.

Por su parte, la empresa Temarry, a través de su representante legal rechazó categóricamente las acusaciones.

Rechaza recicladora Temarry acusación de grupo ambientalista.

plural.mx – A través de su representante legal, la empresa Temarry de México rechazó las declaraciones que el grupo ambientalista Protector Ecológica de BC hizo la semana pasada en contra de esta empresa tecatense, dedicada al tratamiento y reciclaje de residuos peligrosos provenientes de Estados Unidos.

En la denuncia que hizo el grupo ambientalista, señala que la empresa importa anualmente y de manera ilegal alrededor de 9 mil 800 toneladas de residuos, bajo el amparo de simulaciones documentales que han permitido que esos desechos, tengan como destino final otros lugares de confinamiento.

También hicieron referencia a una explosión ocurrida en sus instalaciones en 2011, responsabilizando a la empresa por el manejo incorrecto de los residuos y que derivó en las lesiones sufridas a varios empleados.

Con documentos en mano, Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, representante legal de la recicladora dijo a PluralMx que la empresa cuenta con las autorizaciones correspondientes para la importación, manejo y traslado de residuos peligrosos, otorgadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Entre ellas enumeró las siguientes:

Mezcla de aceite residual, mezcla de sólidos contaminados con solventes orgánicos, mezcla de solventes y disolventes orgánicos gastados, mezcla de soluciones acuosas contaminadas, soluciones acuosas contaminadas, mezcla de solventes gastados inflamables y mezcla de sólidos contaminados con solventes orgánicos inflamables.

Hizo memoria en que la recicladora es la primera empresa autorizada en México y Estados Unidos para poder reciclar los residuos peligrosos en ambas naciones, cumpliendo con la legislación y normatividad ambiental de cada uno de los países: “lo que evidencia la experiencia y profesionalismo de la compañía”, precisó.

Ruiz Mendoza aclaró que la empresa cuenta con la infraestructura y los equipos certificados por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), para procesar y reciclar los residuos importados, apegándose a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, cumpliendo en todo momento con la legislación y normatividad ambiental.

Señala además que por la actividad propia, la recicladora Temarry se somete a verificaciones e inspecciones permanentes por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), mismas que son satisfactorias, aunado a que la empresa cuenta con un sistema de reciclaje cerrado.

La ejecutiva concluyó que en el siniestro registrado en 2011, las autoridades competentes incluida PROFEPA, cuentan con el reporte de los hechos, en donde se aclara que el incidente fue provocado a causa de una negligencia laboral de un exempleado y no por otra situación.