La Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) llevó a cabo un análisis al Paquete Económico 2020, el cual consideran tiene áreas de oportunidad que mejorar, ya que algunas modificaciones afectan a la operatividad de las empresas y vulneran los derechos de los contribuyentes.

El análisis del proyecto se llevó a cabo durante el desayuno técnico de la asociación que preside el M.I. José Antonio Melgar Díaz, en el que los ponentes invitados fueron los consejeros fiscales C.P.C. José Miguel García Martínez, el C.P. Alejandro Araujo Salgado, y el M.D.F. Raúl Melgar Díaz.

“Estamos en el análisis de la propuesta de paquete económico en donde vemos la adición, restructuración y derogación de artículos tanto en Código Fiscal, como en Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley del IVA y Ley de IEPS, por lo que es de suma importancia tener presente dichos cambios”, destacó el dirigente de la AMCP, José Antonio Melgar.

Vemos que algunas de las reformas, sobre todo en Código Fiscal de la Federación son delicadas por las facultades que están otorgando a las autoridades y que pudiesen ser excesivas, agregó, así como las figuras nuevas para hacerse de información para actos de fiscalización.

El especialista en impuestos explicó que dentro de la propuesta del Paquete Fiscal 2020 se contempla una fiscalización más fuerte y coercitiva, debido a que no se prevé un incremento en las tasas impositivas, pero sí requieren de una recaudación eficiente para cumplir con compromisos sociales.

Por ejemplo, la autoridad tiene detectadas 8 mil empresas a nivel nacional que realizan operaciones inexistentes, apuntó Melgar Díaz, de las cuales 150 están bajo la lupa por ser las que generan ingresos, por mucho, superiores a su capacidad económica.

“Van contra estas empresas que defraudan, pero afectan a todas las demás, porque están cortando con la misma tijera a la generalidad”, aseguró.

El presidente de la AMCP precisó que la contribución debe ser proporcional y equitativa, y una obligación de los contribuyentes, pero así también se requiere de salvaguardar sus derechos.

“Nos parece que son medidas excesivas, están hablando de un tercero colaborador que informe al SAT un hecho que puede considerarse como operación inexistente, es un supuesto que da pie a una investigación y es una vulnerabilidad porque no se conoce la fuente, es decir, si se trata de un supuesto no real, se puede prestar a mala fe”, advirtió.

Para concluir, el dirigente comentó que como gremio deberán estar unidos junto con las cámaras empresariales para manifestar sus inquietudes, pues se están otorgando facultades en demasía a la autoridad por concepto de fiscalización.