Ayer, en Es la hora de opinar, Ana Laura Magaloni hizo una magnífica disección de la denuncia en contra del exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Siempre lúcida, caracterizó el documento de la denuncia como una descripción de cómo se ejerce presión sobre los jueces y magistrados para fallar a favor de la gente poderosa, sean políticos o ricos.
“Eso es lo que hay que cambiar”, remató Ana.
Al aire, me atreví a caracterizar la denuncia como una tomografía que localizaba el cáncer para saber los lugares donde había que radiarlo. Ya fuera del programa, comentando el asunto con Javier Tello, rechazó mi analogía porque, según él, no es una enfermedad, sino el diseño que históricamente ha tenido el Poder Judicial para proteger los intereses de los poderosos.
“Es el sistema”, resumió Tello.
Cierto. Pero también creo que es un cáncer porque, si bien es un sistema útil para los poderosos, también se trata de una enfermedad que ha caracterizado a nuestro régimen político que siempre ha adolecido de falta de justicia. Y un país sin auténtico Estado de derecho acaba teniendo graves consecuencias en su desarrollo económico, amén de la desigualdad social que genera.
López Obrador, mientras le convino, utilizó este sistema para sacar adelante los casos judiciales que le concernían. Él mismo confesó que, cuando le interesaba algo, le pedía la intervención “respetuosa” al entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. En cuanto lo sustituyó Norma Piña, se le acabó el acceso privilegiado. Fue entonces que AMLO comenzó a criticar al Poder Judicial y a proponer reformas para cambiar la manera en que se designan a jueces, magistrados y ministros.
El Presidente propone la elección de los juzgadores. Esto, por sí solo, no va a curar el cáncer de la administración de la justicia mexicana. Al revés, se corre el riesgo de agudizarlo.
Lo que hay que hacer, como bien señala Magaloni, es identificar los mecanismos por los que se presiona (con zanahorias y palos) a los jueces para que ahí, de manera quirúrgica, se ejecuten los cambios.
Si la denuncia en contra de Zaldívar es una confesión del mismísimo Poder Judicial de cómo se ejerce el tráfico de influencias y la corrupción, pues resuélvase ahí el problema. Ésa debe ser la partida de la reforma judicial.
La denuncia contra Zaldívar es por “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
¿Cómo lo hizo?
Cito la demanda: “Prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien, a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
Zanahorias y palos: el sistema de incentivos para resolver juicios a favor de ciertos intereses.
El entonces ministro presidente de la Suprema Corte habría utilizado para aplicarlos al secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el secretario ejecutivo de Disciplina, el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la contralora del Poder Judicial, el titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Durante la presidencia de Zaldívar en la Corte, estos puestos los tuvo gente de la mayor confianza del ministro presidente.
Como ya había demostrado Hernán Gómez en su libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T, el entonces consejero jurídico de López Obrador, Julio Scherer, elaboró una intrincada red de corrupción para ayudar a poderosos a ganar casos en el Poder Judicial.
Según la denuncia de marras, el exministro Zaldívar habría sido parte de esta confabulación. Scherer “exigía a alguna de las partes (particular o gobierno) trabajar directamente con algún despacho, especialmente Rivera-Gaxiola y Asociados o a la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval Ballesteros facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo”. El consejero de AMLO “acudía a los órganos jurisdiccionales a presionar a los titulares con anuencia del entonces ministro presidente Arturo Zaldívar”.
Zaldívar y los otros imputados son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Pero, por lo pronto, tal y como apuntó genialmente Magaloni, la denuncia es una joya de dónde estaría la podredumbre en el Poder Judicial federal, un documento nada menos que firmado por la hoy presidenta de la Corte, Norma Piña.
- X: @leozuckermann
