Para Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC, sin infraestructura no hay energía, agua, carreteras y conectividad. “Nadie quiere finanzas sanas con infraestructura enferma”.

“El tema de infraestructura ha ganado espacio en los medios. En la pasada Convención Nacional Bancaria se habló de los retos y oportunidades del nearshoring. Por su parte, la Secretaría de Hacienda presentó los pre criterios de política económica, donde propone un importante ajuste fiscal para el 2025, y a la industria de la construcción le preocupa demasiado el cómo se hace típicamente el ajuste fiscal -se realiza mediante una reducción adicional al gasto de inversión pública en infraestructura-, por eso queremos hablar del financiamiento en infraestructura”, agregó Méndez Jaled.

“Sabemos en CMIC que podemos tener finanzas sanas con mayor inversión en infraestructura. Lo primero que hay que apuntar es que, en la medida en que la inversión pública se reduzca, la infraestructura crecerá”, continuó el dirigente.

Por lo anterior, la CMIC, en voz de Méndez Jaled, propuso 10 mecanismos concretos para incrementar la inversión en infraestructura, con participación de los sectores público y privado, mediante esquemas financieros transparentes e innovadores.

“Sin infraestructura no hay nearshoring, ni crecimiento económico, ni calidad de vida para las personas. La infraestructura es un imperativo económico y un derecho humano”, expresó el líder de los constructores del país.

El representante reconoció que en México y en el mundo no hay presupuesto público suficiente que, por sí solo, “alcance para atender todas las necesidades de infraestructura, por lo que en otras latitudes se recurre a esquemas de participación público-privada, para aprovechar los diversos instrumentos de financiamiento a los que se puede acceder para las obras estratégicas”.

Ante ello, dijo, la CMIC hace un llamado a las candidatas y el candidato presidencial a plantear en el debate no solo el diagnóstico y prioridades de infraestructura, sino también, y sobre todo, los mecanismos concretos de cómo se va a financiar la infraestructura energética, carretera, portuaria, ferroviaria, hídrica, de salud, de educación, de telecomunicaciones y de movilidad urbana del país para los próximos años.

“En este tema no caben diferencias por colores políticos. Infraestructura es desarrollo. Infraestructura es bienestar y se trata de los derechos constitucionales de todas las personas”.

El decálogo de la CMIC para que sea considerado por las candidatas y candidato a la presidencia es el siguiente:

1.- Reducir el gasto público improductivo, en favor de la inversión en infraestructura.

2.- Impulsar obras con fuente propia de repago, como son: carreteras y periféricos de peaje, plantas tratadoras de agua, obras para la generación de energía y sistemas de movilidad urbana.

3.- Inversiones mixtas público-privadas y obra pública con participación privada, bajo modelos de estricta legalidad y transparencia para financiar obras logísticas y de transporte, obras hidráulicas, sistemas de movilidad urbana, escuelas y hospitales. En este caso, existe una amplia variedad de mecanismos entre los que destacan: contratos de prestación de servicios; contratos de mantenimiento, rehabilitación y operación de activos; instrumentos legales de financiamiento público-privado, conocido como FIBRAS especializadas en materia de infraestructura.

4.- Ampliación de títulos de concesión de carreteras y puentes internacionales, bajo esquemas transparentes y competitivos, para generar flujos adicionales que, a valor presente, contribuyan a financiar obra nueva y/o mantenimiento de carreteras. Con este modelo se podría crear un fondo de mantenimiento de carreteras federales para financiar, en los primeros dos años del siguiente sexenio, el equivalente a lo que se destinó a este propósito en los últimos seis años.

5.- Impulsar esquemas de Reciclaje de Activos, por una parte, y de Aprovechamiento de Activos, por la otra.

6.- Valorar la conveniencia de que CAPUFE, que es el mayor operador de autopistas, pueda actuar como concesionario, retener utilidades y levantar financiamiento que le permita construir, rehabilitar y operar activos carreteros.

7.- Aprovechar responsablemente el financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Internacional de Financiamiento del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otros, para acceder a recursos preferenciales para financiar proyectos de alta rentabilidad social, como son las obras hidráulicas y los sistemas de movilidad urbana en las metrópolis mexicanas.

8.- Acordar con la banca comercial y de desarrollo, incluyendo centralmente a FONADIN-Banobras y a NAFIN, programas de financiamiento de infraestructura y obra pública estratégica, con énfasis en las necesidades de infraestructura regional y el financiamiento a gobiernos locales y MYPIMES de la construcción.

9.- Crear un Fondo de Pavimentación para Municipios, destinando un porcentaje del IEPS de gasolina y diésel a este propósito. (Un modelo similar aplica desde hace décadas en Suiza para financiar carreteras).

10.- Impulsar la creación de un Fondo de Infraestructura Sostenible, con aportaciones públicas y privadas, que promueva la cultura ambiental, la innovación tecnológica, el uso de materiales nuevos y mejores prácticas en el desarrollo de infraestructura verde, bajo principios de sostenibilidad y economía circular.

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