La violencia política de género en México, especialmente durante el proceso electoral de 2024, representa un fenómeno insidioso que socava los pilares democráticos y la igualdad de género. Este artículo examina cómo las prácticas discriminatorias y los actos de agresión dirigidos hacia mujeres políticas no sólo impiden su participación efectiva, sino que también reflejan y perpetúan estructuras de poder desiguales. Al analizar incidentes específicos y sus impactos, se busca comprender las raíces y consecuencias de este flagelo en el ámbito político mexicano.
En el contexto del proceso electoral de 2024 en México, las mujeres en política enfrentan prácticas discriminatorias y actos de agresión que se manifiestan en formas sutiles y flagrantes, afectando su plena participación en la esfera política. Estas acciones incluyen desde campañas de difamación, acoso sexual y ciberacoso hasta amenazas de violencia física.
Tales prácticas están profundamente arraigadas en estructuras patriarcales y buscan preservar la desigualdad de género, desincentivando la representación femenina y perpetuando un ciclo vicioso de marginalización. La violencia política de género es insidiosa en su capacidad para disfrazarse de retórica política «normal» y en la impunidad con la que a menudo se ejecuta.
Los efectos perniciosos de esta violencia repercuten en la integridad de la democracia mexicana, limitando la diversidad y la inclusión en el proceso de toma de decisiones y menoscabando los principios de igualdad y justicia que son fundamentales para cualquier sociedad democrática.
Durante procesos electorales previos en México, la violencia política de género ha tomado diversas formas que van desde la intimidación verbal hasta ataques físicos, obstaculizando la participación de las mujeres en la política. Por ejemplo, en las elecciones intermedias de 2021, se reportaron casos de candidatas que recibieron amenazas de muerte, agresiones físicas y campañas de desprestigio.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México documentó durante ese proceso electoral amenazas, acoso y violencia simbólica contra candidatas y políticas en funciones (Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, 2021).
Otro caso notorio fue el de la candidata a presidenta municipal en Oaxaca, María del Sol Cruz Jarquín, cuyo asesinato en 2018 se vinculó a su género y activismo político, evidenciando los riesgos extremos para las mujeres en la política (Etellekt Consultores, 2018). Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México identificó múltiples incidentes de violencia política de género durante ese período electoral, incluyendo el uso de violencia psicológica y económica para forzar a las mujeres a renunciar a sus candidaturas (INE, 2018).
Actualmente, los medios de comunicación muestran una preocupación general por la violencia política contra las mujeres y el desafío de garantizar que ellas compitan en igualdad de condiciones (El Economista, IECM). Además, se reconoce que al menos la mitad de los cargos en juego deben ser ocupados por mujeres, lo que indica un esfuerzo por promover la equidad de género en la política (Central Electoral INE).
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha reafirmado su compromiso por prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres durante el proceso electoral, y la Consejera Electoral del INE, Carla Humphrey Jordan, ha destacado la necesidad de combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género para las elecciones de 2024 (Central Electoral INE).
Es importante señalar que la falta de reformas robustas contra la injerencia del narcotráfico en los procesos electorales también se ha identificado como un peligro para los candidatos, lo que puede tener implicaciones en la violencia de género (Proceso).
Para combatir la violencia política de género en México, se pueden tomar varias medidas estratégicas. Las Estrategias y Medidas Prácticas, Modelo para la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer en el Campo de la Prevención del Delito, aprobadas por la ONU, proporcionan un marco para la prevención de la violencia de género (UNAM). La coordinación adecuada entre instituciones responsables de enfrentar casos de violencia política es crucial, así como el uso de protocolos específicos que sirvan de guía para atender estos casos (CEPAL).
Además, los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, asegurando su participación en condiciones de igualdad (UNAM). Las convenciones internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém Do Pará, ambas vinculantes para México, reconocen el derecho de las mujeres a no sufrir violencia y establecen compromisos específicos para prevenir la violencia contra la mujer (FES, ASF).
Implementar estas medidas y adherirse a los compromisos internacionales son pasos fundamentales hacia la erradicación de la violencia política de género en México.
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Fuentes consultadas:
ASF.-https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/ 2019_1369_a.pdf
Central Electoral INE.- https://centralelectoral.ine.mx/2023/10/17/acceso-de-10-mil-mujeres-a-cargos-publicos-y-libres-de-violencia-es-el-reto-en-elecciones-2024-consejeras-electorales/
CEPAL.-http://consensomontevideo.cepal.org/es/instrumento/protocolo-para-atender-la-violencia-politica
FES.- https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/17144.pdf
UNAM.- https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3936/4.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4735/11.pdf
