El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) pasó a mejor vida en el año 2021. No fue el único, junto con él desaparecieron un centenar más de fideicomisos federales. El presidenteAndrés Manuel López Obrador, en su febril búsqueda de dinero para alimentar a sus elefantes blancos, ordenó la desaparición de todos ellos.
El presidente nunca entendió, o a la mejor nunca quiso entender, lo que es un fideicomiso público. No es un organismo donde puede haber un ejército de burócratas medrando de él, o unos directivos corruptos que lo saqueen, o un grupo de aviadores que vayan cada quincena a cobrar.
En un fideicomiso público no puede haber estructura administrativa alguna, pues es simplemente un vehículo legal que permite financiar proyectos importantes a través de un patrimonio, el cual puede ser alimentado por diferentes fuentes de financiamiento y puede utilizarse de manera multianual (su mayor virtud).
El presidente nunca entendió, o a la mejor no quiso entender, que los recursos de un fideicomiso público están más regulados que las partidas presupuestales de cualquiera de las dependencias del gobierno federal.
Si los miles de millones de pesos que fueron saqueados en Segalmex a principios de este sexenio hubieran sido asignados de entrada como patrimonio de un fideicomiso, las regulaciones inherentes a él hubieran impedido a los funcionarios corruptos cercanos al presidente cometer, literalmente en meses, uno de los mayores desfalcos de dinero público en la historia de este país.
Ahora bien, en términos de sus objetivos hay de fideicomisos a fideicomisos. Por mucho uno de los más importantes para la población era el Fonden. Constituido a fines del siglo pasado, ese instrumento legal era empleado para enfrentar de manera expedita las catástrofes naturales que sufren de manera recurrente muchos de los estados de la República. Este fideicomiso público, que llegó a contar con recursos del orden de 0.4% de todo el presupuesto federal, era invaluable. Y ya no existe.
No contento con lo anterior, hace unos días el presidente López Obrador mandó una iniciativa de ley con la que pretende lavarse las manos antes de que ocurra un desastre natural de envergadura en algún lugar de la República.
En efecto, la iniciativa establece que son los gobiernos de las entidades federativas quienes deben responsabilizarse y prever recursos de su presupuesto para enfrentar los desastres naturales que ocurran en sus estados. Además, el gobierno federal sólo podrá ayudarlos si es que tiene alguna cantidad disponible en sus propias arcas. Es decir, si hay un desastre natural los gobiernos estatales deberán rascarse con sus propias uñas. De ese tamaño es el despropósito.
Para rematar con otro agravio, la iniciativa dispone que son los estados quienes deben pagar por las pólizas de los seguros ante eventuales catástrofes. Como si un seguro individual para un coche no fuera sustancialmente más caro que cuando éste pertenece a una flotilla.
Esperemos que los miembros del Congreso de la Unión recuerden que representan a todos los mexicanos. No se deben al autócrata, se deben al pueblo. Esperemos que los legisladores morenistas entiendan que un desastre natural de gran magnitud puede no sólo ser catastrófico en términos financieros para un estado, sino que puede haber muchas vidas de por medio.
