La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se alista para dictaminar este lunes la reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con relación al actuar del Congreso de la Unión y la vida interna de los partidos políticos.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se alista para dictaminar este lunes la reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con relación al actuar del Congreso de la Unión y la vida interna de los partidos políticos.

Luego de ser aplazada por más de una semana, las y los diputados arrancarán con el análisis de la reforma apoyada por seis de las siete bancadas que integran la Jucopo —con excepción de Movimiento Ciudadano—, que busca modificar los Artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, bajo la justificación de que el TEPJF ha rebasado las esferas de su competencia al invadir las competencias del poder Legislativo, lo que supone una alteración del principio de división de poderes.

Y es que entre las principales modificaciones se plantea que las sentencias del Tribunal Electoral se basen en lo que dicta literalmente la Constitución y las leyes electorales, es decir, las y los magistrados no podrá interpretar las leyes, además de retirar el carácter de inatacable a los fallos.

Para este punto, la iniciativa explica que la reforma al Artículo 41 constitucional pretende que el TEPJF podrá identificar con precisión algunos aspectos en donde la legislación no protege los Derechos Humanos, pero no deberá establecer medidas específicas ni vincular al Legislativo a acatarlas.

Con relación a los partidos políticos, el Congreso señala que estos, en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados.

Y específica como facultad del Congreso “establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al goce y ejercicio de derechos político-electorales, y para el cumplimiento del principio de paridad de género”.

Mientras que la modificación al Artículo 73 específica que será facultad del Congreso “establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al goce y ejercicio de derechos político-electorales, y para el cumplimiento del principio de paridad de género”.

Por otro lado, se modifica el Artículo 99 para establecer que “al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley”.

Finalmente, al modificar el Artículo 105, las y los legisladores pretenden otorgarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para resolver las controversias que se susciten con relación a la vida interna de las Cámaras.

Este dictamen se espera sea sometido a votación en el Pleno de San Lázaro el martes 11 de abril, ya prendió las alarmas en la sociedad civil, quienes piden posponer su discusión para después de la elección de 2024.

En tanto que la bancada de Movimiento Ciudadano acusó que Morena y Va por México quieren un Tribunal a modo, ya que con esta reforma pretenden reducir la defensa de derechos políticos, delimitar el actuar del TEPJF.

Desencuentros, desde 2021
Desde 2021, la Cámara de Diputadas ha hecho evidente su diferencia con el TEPJF, ello luego de que en dicho año, éste le revocó tres diputaciones a la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), para dárselas al bloque Va Por México (PAN, PRI, PRD).

En aquella ocasión, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro ya alistaba con “urgencia” la reforma, pues argumentaba que sus resoluciones eran por caprichos o fobias hacia un partido.

Mientras que ordenamientos como el de que la Junta de Coordinación Política debía integrar a representantes de MC en la Comisión Permanente, o la modificación a la convocatoria de los consejeros del INE, para que los legisladores eligieran a una mujer para la presidencia del Instituto, prendieron aún más las alarmas de las bancadas.


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