Si su objetivo era combatir la corrupción, la respuesta es “no”.
En eso tiene razón Andrés Manuel López Obrador. Desde su creación en 2003, México sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo, de acuerdo a Transparencia Internacional. En la última medición de 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, nuestro país aparece en el lugar 124 de 180, empatado con Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Ahí hemos permanecido más o menos desde el sexenio de Vicente Fox en que se estableció el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Entonces, ¿ha fracasado el Inai y habría que desaparecerlo?
El Instituto se formó después de la transición a la democracia cuando un grupo de académicos y periodistas demandaron el “derecho a saber”, es decir, el acceso a la información de un gobierno que financiamos los contribuyentes. El llamado “Grupo Oaxaca” logró el apoyo de la clase política y se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2002. Un año después se crearía el IFAI.
Recuerdo los debates de ese entonces. A mí me parecía un despropósito crear todo un instituto para obligar al gobierno federal a entregar su información. Era la típica solución estatista mexicana: establecer una burocracia que cada vez costaría más. Había mejores prácticas que imitar.
En Estados Unidos, por ejemplo, una unidad del Departamento de Justicia resuelve las solicitudes de información. En última instancia, si los gobiernos federal, estatales y municipales se niegan a entregar ciertos datos, los solicitantes pueden demandar a un juez que revise la decisión a fin de anularla. De esta forma, la última palabra la tiene el Poder Judicial.
Aquí en México, se argumentaba, no se podía dejar dicha labor ni al Ejecutivo ni al Judicial, por los intereses que tenían. Debía formarse un organismo desconcentrado que tomara resoluciones inapelables. Ganó esta postura. Luego le otorgarían autonomía constitucional.
Creo que la Ley de Transparencia y el Ifai (luego Inai) tuvieron una primera ola de buenos resultados en materia de acceso a la información y promoción de una cultura de transparencia en la gestión pública. (Después habría que analizar la facultad de proteger datos personales, una actividad de suyo importantísima en estas épocas digitales).
Sin embargo, también considero que, como suele ser el caso en México, los gobiernos encontraron la manera de darle la vuelta a la ley, en este caso la de transparencia. Se volvieron muy mañosos y el Ifai, luego Inai, ya no pudo hacer mucho, que digamos.
Doy un ejemplo personal. Después de la reforma electoral de 2007, el Instituto Federal Electoral censuró un spot de un partido. A través del órgano de transparencia del IFE solicité los criterios que utilizó la Comisión de Quejas para quitarlo del aire. Esperaba una respuesta concreta y específica. A mi oficina llegó un oficio donde se informaba que adjuntos venían los criterios solicitados. En una caja –no exagero– encontré un acervo de libros y engargolados: desde la Constitución hasta resoluciones del Tribunal Electoral. O sea, me llenaron de información inservible para analizar por qué los consejeros habían censurado un spot.
Sí, con el tiempo, los gobiernos se volvieron más ladinos para esconder sus travesuras.
En el sexenio de Enrique Peña, por ejemplo, abundaron los pagos en efectivo para no dejar huella. En el gobierno actual, el cash sigue circulando a raudales pero, lo peor, es que encontraron una manera más eficaz de esconder la información para no rendir cuentas: declarar las obras más importantes del sexenio como de “seguridad nacional” y encargárselas a las Fuerzas Armadas. De esta forma, lograron la opacidad deseada. Y el Inai no ha podido hacer nada.
Seamos realistas, a diferencia del INE, que sí ha ofrecido buenos resultados en el tiempo, el Inai se convirtió en un elefante burocrático que ya aporta poco a la transparencia y rendición de cuentas.
Esto no quiere decir que justifique la marullería del gobierno de López Obrador de desaparecerlo dejándolo sin comisionados que puedan tomar decisiones.
Lo que urge es un nuevo debate de la mejor manera para que los gobiernos transparenten su información y rindan cuentas.
El problema es que esta iniciativa no va a venir de ningún gobierno porque todos prefieren conducirse en la opacidad. El actual, de López Obrador, más que otros. Como fue el caso con la fundación del IFAI en 2003, esto tendría que venir de una demanda ciudadana. Y, la verdad, no veo este tema en el radar de la sociedad organizada.
Twitter: @leozuckermann
