El plan de becas Benito Juárez continúa para los estudiantes de educación básica y media superior. Éstas le aportan una suma de 800 pesos al mes a cada beneficiario. Aunque a nadie le vienen mal, el problema de fondo que no resuelven es la falta de recursos suficientes para poder acceder a la educación pública.
Para evitar la utilización del beneficio con propósitos electorales, la actual secretaria de educación pública, Delfina Gómez, planteó adelantar el pago de los próximos 3 meses de este apoyo, junto con el de marzo, a finales de febrero; y en el mismo sentido, también se adelantarán las llamadas «becas» de los jóvenes que trabajan de manera precaria bajo el programa de Jóvenes Contruyendo el Futuro y las llamadas pensiones para adultos mayores. Sin embargo, aunque el supuesto objetivo es no utilizar las becas con fines electorales, la asignación de las mismas es un tema político que es justo revisar.
El presupuesto educativo ha venido menguando desde hace tiempo, ya que el porcentaje de incremento es cada año más raquítico desde finales de la administración de Vicente Fox Quezada por el PAN, hasta la fecha.
Con ello, se han reducido las becas del sistema Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología); están desapareciendo las escuelas normales para profesores de educación pública; se recortó el presupuesto a 40 programas educativos y 13 más desaparecieron. Definitivamente, el acceso a la educación es cada vez más restringido y los recortes también afectan a las y los trabajadores del sector.
Si bien, la Constitución establece el derecho a la educación pública y obligatoria en los niveles medio superior y superior, tanto como en el básico; la fracción X del artículo 3º sigue poniendo en cuestión este acceso, mediante los mecanismos de exclusión que establece cada institución escolar, los cuales, entre otras cosas, son un rasgo que se mantiene tras la supuestamente “cancelada” reforma educativa de 2013 aprobada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los jóvenes necesitan derechos
La lucha por la educación es un tema vigente para esta generación de estudiantes, ya que, lejos de un programa que puede ir y venir con recortes al presupuesto y políticas nuevas, es necesario que estudiantes, padres de familia, así como trabajadores del sector educativo, nos involucremos en el tema de la asignación y administración del presupuesto para la educación.
Al mismo tiempo, la desaparición de derechos -como la jubilación- en los empleos para los más jóvenes, hacen que las condiciones de vida sean cada vez más difíciles para el futuro.
La profundización del outsourcing por medio de su regulación, es otra muestra en la que se expresa la negación de los derechos laborales y la subordinación de la actual administración, tanto como las anteriores, a los intereses de los empresarios; pues el ahorro que supone la no inversión en salud, educación, créditos para la vivienda, entre otras cosas, va generando un sistema de precarización que aísla a los trabajadores para que no puedan luchar en conjunto por mejores condiciones de vida, pues tampoco cuentan con sindicatos que los defiendan o espacios políticos en donde organizarse.
Este problema no se reduce al futuro de los jóvenes, sino que sus familias ya los padecen con la falta de recursos para sostenerse, que es lo que hace necesaria una entrada de dinero extra, porque, aunque un cabeza de familia trabaje hasta por 16 horas diarias, no es suficiente con el salario que recibe para cubrir los gastos de vestido, comida, vivienda, comodidades y hasta educación y salud, que también hay que pagar.
Esto se agudizó a inicios del año pasado con el incremento de la población laboral que recibe un ingreso inferior al costo de la canasta básica en un 3.4 %, así como el aumento del porcentaje de pobreza extrema entre 6.1 % en zonas urbanas y 7.6 % en zonas rurales, de acuerdo con datos del periódico La Jornada obtenidos de los informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que también destaca la brecha de desigualdad económica, que equivale a que el ingreso laboral del 20 % de la población que más recursos obtiene sea 50 veces el total de lo que recibe el 20 % con el ingreso más bajo, aunado a que más de la mitad de la población carece de un trabajo formal.
La precarización de la vida, debido a la falta de derechos que aseguren los recursos para el mantenimiento de una familia trabajadora, que debe enfrentarse a los despidos masivos y a los recortes salariales, profundizada con la crisis de la pandemia actual, hace necesario repensar los sistemas de pensiones.
Estudiantes, padres de familia y trabajadores de la educación necesitamos espacios para organizarnos y exigir a los dirigentes sindicales que llamen a una lucha unificada en defensa de la educación pública y gratuita, por el aumento del presupuesto educativo y por derechos laborales plenos que puedan ser aprovechados por las futuras generaciones. La CNTE y los sectores del magisterio que se reivindican democráticos y combativos deben encabezar las luchas por estas demandas y no convalidar la política del gobierno actual que en buena medida continúa con los planes de las administraciones pasadas.
El presupuesto destinado a la educación pública debe salir del dinero que se destina actualmente al pago de la deuda externa, de los impuestos a las grandes fortunas y de reorientar los recursos que se destinan a las fuerzas armadas.
