Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y seis naciones europeas han mantenido conversaciones conjuntas sobre la política energética de México, dijeron fuentes a Reuters, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa un papel más importante para el estado en el sector. .

El encuentro diplomático inusualmente amplio es un indicador de la ruptura del izquierdista López Obrador con la política energética del gobierno anterior que está preocupando a las economías que tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversionistas extranjeros de México.

Funcionarios estadounidenses, canadienses y europeos expresan en privado su inquietud de que la política energética de México está erosionando los cimientos legales de los contratos por valor de miles de millones de dólares con la administración anterior, en lo que temen sea una escalada progresiva de sus intereses.

El gobierno de México niega que esté socavando esos acuerdos, pero dice que los contratos anteriores a menudo dañaban al país y ha tratado de renegociar los términos de algunos.

En la reunión del viernes en la Ciudad de México organizada por la embajada de Estados Unidos, diplomáticos de Gran Bretaña, Canadá, la UE, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España discutieron sus preocupaciones y la mejor forma de transmitirlas a López Obrador, dijeron cinco personas familiarizadas con el reunión.

Cuando se le solicitó un comentario, la embajada de Estados Unidos respondió a Reuters que no discute sus conversaciones diplomáticas. Las otras embajadas extranjeras no respondieron a las solicitudes de comentarios, ni la oficina de López Obrador.

Los detalles de lo que sucedió en la reunión no fueron claros de inmediato, aunque hubo una discusión sobre si hacerlo público, dijo una persona. Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, debido a la delicadeza del asunto.

Los diplomáticos dicen que los gobiernos extranjeros difieren en sus opiniones sobre cómo comunicar abiertamente sus quejas a López Obrador, para que no sienta que lo están presionando y termine adoptando un enfoque más duro.

López Obrador se ha comprometido a fortalecer el papel del estado en el sector energético, argumentando que la liberalización del mercado y la privatización de otras industrias en el pasado profundizaron la desigualdad crónica en México y alentaron la corrupción.

La  preocupación sobre las políticas económicas de López Obrador debilitaron la inversión en México el año pasado y contribuyeron a una desaceleración que empujó a la economía a una recesión leve.

Empresas de todo el mundo se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en México en virtud de cambios constitucionales para abrir el mercado energético, en particular para el petróleo y el gas, realizados por el centrista predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto.

López Obrador ha frenado ese proceso de liberalización, diciendo que no ha reportado beneficios a México.

Una disputa en particular se centra en quién tiene derecho a operar un importante descubrimiento de crudo en alta mar en un reservorio que se extiende a ambos lados de las áreas de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y un consorcio de inversionistas privados liderado por Estados Unidos.

El año pasado, el gobierno de López Obrador también molestó a algunos países al amenazar con romper unos $ 12 mil millones en contratos acordados con Peña Nieto para la construcción de una serie de gasoductos, argumentando que estafaron a los contribuyentes.

Aunque esa disputa finalmente se resolvió, han surgido nuevos conflictos.

Las medidas del gobierno para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  han reducido los incentivos para que el capital privado ingrese a proyectos renovables, lo que empaña aún más la confianza de los inversores en México.

Parte del dinero invertido en el sector energético en México está vinculado a fondos de pensiones en Europa y América del Norte. A los críticos de las políticas del gobierno les preocupa que los rendimientos decrecientes de esas inversiones energéticas mexicanas puedan afectar a los jubilados.

(Reporte de Dave Graham; Reporte adicional de Ana Isabel Martínez; Editado por Clarence Fernández)

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