Mientras la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda “persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad” (Art. 27), el texto constitucional nos indica que toda “tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales” (Art. 4). Además, de acuerdo con la Carta Magna, la “competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva” (Art. 115).

No se trata de una clase de Derecho, ni de argumentación jurídica alguna, sino de la importancia del conocimiento, respeto y aplicación de la ley. Aunque, también existe una máxima que dice que “la ignorancia no te exime del cumplimiento de la ley”. Entonces, ¿por qué mencionar dichas normas? Porque, aparentemente, el gobernador de Baja California y la presidente municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana han olvidado la filosofía juarista que tanto repite el presidente López Obrador, cuando dice: “¡Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho!”.

Bien hubiera hecho el presidente de México al recordarles dicha premisa en su reciente visita a Tijuana, pues los dos titulares del Ejecutivo estatal y municipal, respectivamente, están dejando de lado, precisamente, la razón y el derecho.

Tal parece que ante el actual Gobierno de Baja California, la constante es la sumisión. Y, para quienes entienden la palabra “sumisión” en un sentido peyorativo, cito la definición del Diccionario de la lengua española: “Sumisión. Acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones”.

Así ha sido el comportamiento de dos de las aspirantes a gobernar Tijuana el próximo trienio. Basta recordar los constantes desfiguros de la aún diputada Caballero, al presentar las vergonzosas y excesivas iniciativas de ley que solo atendían el caprichoso interés de Bonilla.

Por su parte, la recién y nuevamente “estrenada” presidente municipal tijuanense ha causado una enorme decepción con su actuar ante la “solicitud” del Gobierno de Baja California para que “amablemente” cediera el espacio que alberga la Biblioteca Regional Benito Juárez, para instalar allí parte de las oficinas al servicio del gobernador.

Cabe destacar que dicha biblioteca es la segunda del municipio, inaugurada durante la última visita del presidente José López Portillo y su -entonces- esposa Carmen Romano, quienes además develaron la estatua de Lázaro Cárdenas y el Monumento a la Charrería Nacional e inauguraron la primera etapa del CECUT, en 1982.

Lo alarmante de tal situación reside en tres aspectos fundamentales. Primero, nuevamente, las decisiones del gobierno estatal no son debidamente socializadas. Segundo, el gobierno de Bonilla somete a la administración municipal con base a una mera ocurrencia. Tercero, se trastoca un bien fundamental para el desarrollo integral de las personas: la cultura.

Otro aspecto preocupante es que, a no tan simple vista, pareciera que existe una competencia morenista para demostrar cuál sería la mejor candidatura para un dócil Maximato bonillista. Una vez más, queda claro que la falta de profesionalismo político lo padecemos los ciudadanos.

*Post Scriptum*. “La política es una actividad humana en su esencia y en su fundamento”, Jesús Reyes Heroles (1921-1985).

* El autor es maestro, escritor y consultor político.

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