La crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 continúa sin control en América Latina, donde hay corrupción en la aplicación de vacunas, cobertura insuficiente de salud, con colapso en las instituciones, y carencias de medios de protección física para el personal de la línea roja.
La región reporta 45,6 millones de contagios y un millón de fallecimientos. En 23 países hay planes nacionales de vacunación y ya comenzaron una campaña Argentina, México, Ecuador, Panamá, Chile, Bolivia y Brasil, aunque existe una distribución desigual, según denunció la Organización Panamericana de la Salud.
En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó la destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y el inicio de un juicio político por el mal manejo del plan nacional de vacunación contra la COVID-19. Se le imputa haber priorizado a sus familiares y a un geriátrico privado de Quito, sin respetar el listado de hospitales públicos, elaborado por el Ministerio de Salud.
Además, la policía investiga una clínica clandestina en el sur de Quito, donde suministraban una sustancia desconocida, ofertándola como vacuna contra el coronavirus, por un valor de 15 dólares por dosis.
Un proceso de investigación judicial encara también el ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, encausado por el Tribunal Supremo Federal para responder ante la carencia de equipos de oxigenación para enfermos de COVID-19 en el estado de Amazonas, principalmente en Manaos, la capital.
Ese territorio brasileño vivió dos semanas de colapso en sus servicios, con insuficiencia en las camas y con la falta de un plan para derivar pacientes hacia otras ciudades. También proponen investigar responsabilidades por el empleo de 120 000 unidades de hidroxicloroquina para el tratamiento de la enfermedad, aun cuando falta demostrar su efectividad a partir de las evidencias científicas.
Por todos esos argumentos, piden un proceso de impeachment para el presidente Jair Bolsonaro, alegando una gestión irresponsable y negligente. Ante la pasividad del gobierno, los frentes Brasil Popular y Pueblo sin miedo articularon 87 movilizaciones en todo el país, para exigir la renuncia del mandatario.
Colombia presenta una situación compleja, con una ocupación cercana al 90 % del total de las capacidades de las Unidades de Cuidados Intensivos para la atención a los enfermos por COVID-19. El personal de salud se encuentra agotado por la insuficiente protección de bioseguridad y por la escasez de los medicamentos e insumos para la atención de los pacientes críticos. Ante ello, la respuesta del gobierno y del presidente Iván Duque es el silencio, o los discursos ambiguos.
Según el Ministerio de Salud de Chile, solo tienen disponibles, a nivel nacional, 192 camas para atender a enfermos en cuidados intensivos, y el ministro, Enrique Paris, aseguró que, en las últimas jornadas, la cifra de contagios aumentó en un 6 %. A ello se suma una denuncia realizada a la clínica privada CareFullHome, que cobraba unos 80 dólares por pruebas pcr negativas, sin realizar el estudio de biología molecular.
Estas son escenas que viven algunos países de América Latina, cuando no se sabe aún cuánto más se prolongará el azote de la pandemia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió en octubre pasado que la región vive la peor crisis de los últimos cien años, con grandes impactos en lo social y productivo.
