Contrario a la lógica, en lugar de reivindicarse por el fallo unánime de la Corte en su contra, el gobernador Jaime Bonilla Valdez sigue dando de qué hablar.
Por lo visto el gobernador ni entendió ni aprendió la lección que la vida y la política le estaban enseñando. Continúa subestimando la inteligencia de los tijuanenses y los bajacalifornianos. Sigue tomando medidas que piensa que son inteligentes y que nunca se va a conocer la verdad, y de pronto “pum” que su misma gente le descubre sus andanzas y con lujos de detalles revelan un plan recaudatorio que lo tenía muy bien guardado.
Hay que decir que en la historia que a continuación comentamos, las fuentes son proveedores, clientes y funcionarios de la CESPT.
Extorsión en la CESPT
Desde hace tiempo se están poniendo prácticas en la CESPT que pueden ser 
consideradas como corruptas y extorsionistas.
Todo empezó con la contratación de FISAMEX como una empresa de auditores externos que revisan las cuentas de los grandes consumidores de agua en Baja California. Esta empresa tiene su residencia en Cd. Obregón, Sonora y su propietario es el Sr. Manuel García.
¿Dónde está la extorsión?.
FISAMEX realizan auditorías de escritorio a las cuentas de agua de mayor consumo; no acuden a constatarlo a campo, ni a revisar los medidores de agua, y menos a entrevistarse con los usuarios. Simplemente hacen unos cálculos que nada más ellos entienden y con tarifas discrecionales diferentes a las contenidas en la Ley de Ingresos de Baja California. De tal suerte, que a estos consumidores les están adjudicando estimaciones millonarias que nada tienen que ver con la realidad.
El procedimiento que utilizan es simple: el subdirector de Atención de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) Juan Pablo Guerrero Mercado manda un citatorio al representante legal de las empresas para entrevistarse con él – Guerrero Mercado -. Cuando los representantes acuden a esa cita les dicen que tienen un adeudo por varios millones de pesos detectado por el auditor externo FISAMEX, dictaminado en unas diapositivas que les presentan en PowerPoint, en el que no explican procedimiento alguno, nada más le dicen que si no pagan en un par de días la totalidad del adeudo les suspenderán el suministro de agua y además les advierten que les retirarán el medidor de agua y le desconectarán el drenaje.
En pocas palabras la amenaza es parar la operación de la empresa, no importa que sean parques industriales, empresas maquiladoras, hoteles, o cualquier otra empresa de gran envergadura.
Aseguran las fuentes – que pidieron no ser identificadas por temor a represalias – que a los consumidores de agua los amenazan de manera ruin: “si promueves un juicio de amparo te va a ir mal porque el gobernador esto lo interpreta como que quieres pelearte con él y entonces la cosa se pone peor, porque te manda a la COFEPRIS o a la Secretaría del Trabajo para que te suspendan actividades”.
Esto tiene sentido porque al desconectarse el drenaje si la empresa sigue operando las aguas sucias se derramarían en la vía pública convirtiéndose en un foco de infección y en un riesgo sanitario.
Los funcionarios de la CESPT no te dicen como llega el auditor a la cantidad que te están cobrando, es decir no te explican el volumen de metros cúbicos que supuestamente consumió tu negocio, ni la tarifa que te están aplicando, simplemente te dicen que fueron detectadas irregularidades en tu consumo y por lo tanto debes hacer el pago a la brevedad. Como quien dice están negociando con un garrote en la mano.
Estamos ante una práctica – dijeron – ilegal, irregular, injusta que no es otra cosa que una vil extorsión. Ah, pero te dan como opción entrevistarte con el gobernador Jaime Bonilla, quien casualmente despacha a diario en la sala de juntas de la CESPT. Si tienes suerte y te recibe, entonces te escucha por unos cuantos minutos y después empieza a decir que… “por años los empresarios se han estado robando el agua y han estado confabulados con los funcionarios panistas”, situación que él llegó a frenar y obligarlos a pagar. Durante la breve charla con el gobernador, empieza a ejercer su poder y manoteando la mesa, levanta la voz, se para y hasta los regaña; les dice a los empresarios que recibe que “es hora de que paguen el agua y punto”. El gobernador piensa que todos los empresarios tienen tomas clandestinas y que se han aprovechado de la CESPT.
Jaime Bonilla, no sabe que está metiendo en problemas a la institución (CESPT) y que él mismo está cometiendo un daño patrimonial a dicho organismo operador del agua, toda vez que ignora que muchos de los empresarios, si no es que todos, tienen solidos elementos legales para recuperar las exorbitantes cantidades, con actualizaciones y recargos. Estas se convertirán en el daño patrimonial que tendrá la CESPT en un mediano plazo. Quizá Bonilla piensa en el fondo que está haciendo lo correcto, pero el procedimiento no lo es, y eso le puede traer serias consecuencias económicas al organismo del agua.
Aseguran las fuentes que algunas de las empresas extorsionadas han sido: “Prime Wheel” con 60 millones de pesos; “SAMSUNG” con 32 millones; “Coca Cola” con 25 millones; “Hyundai” con 18 millones; “Lechería Jersey” con 25 millones; “Eson Multiwin” con 15 millones, entre muchas otras.
Aseguran también que llegaron a cortar el servicio del vital líquido al “Hospital Simnsa” ubicado en la Colonia Federal y propiedad del Sr. Frank Carrillo, cuando tenía un par de pisos completos con pacientes con Coronavirus, lo cual no fue impedimento para realizar el corte.
Al “Hotel Sweets” Las Palmas, primero le cortaron el agua y le quitaron el drenaje, y al día siguiente por la tarde llegó la COFEPRIS en compañía de agentes ministeriales a colocar sellos de suspensión y a desalojar a todos los huéspedes, quienes se quejaron porque les pidieron que evacuaran con todo y sus familias.
Las acciones del gobernador Bonilla están ocasionando una gran molestia entre el sector hotelero, industrial, maquilador y comercial porque lo están ejecutando en plena pandemia, cuando dichos sectores están siendo severamente castigados por la paralización de sus actividades.
Algunos empresarios se han quejado de que con su intromisión personal en la CESPT el gobernador está cometiendo injusticias y arbitrariedades
Las fuentes agregaron también que si el Ing. Rigoberto Laborín, director de la CESPT, pudiera hacer algo, hubiera ayudado a la familia de su suegro Ernesto Jiménez Orozco que son los dueños de la “Lechería Jersey”, una de las empresas pioneras de Tijuana.
Los mismos funcionarios de los organismos operadores del agua aseguraron que estos actos del gobernador con FISAMEX son un verdadero abuso de poder, que precisamente por oponerse a esas medidas despidieron al exdirector de la CESPT en Tecate Gonzalo López López y al subdirector administrativo Carlos Ramos Camacho. Ahora se sabe, dijeron, que pronto van a enviar requerimientos a la Cervecería Tecate y a las maquiladoras de del Pueblo Mágico de Tecate.
Así mismo las fuentes comentaron que el contrato firmado entre la CESPT y FISAMEX, se acordó que un 20 % de lo recaudado será para la empresa auditora.
¿Culpable o inocente?
Por la gravedad que reviste este trascendido, es de suma importancia que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dirigida por Blanca Jiménez Cisneros, y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros deslinden responsabilidades y procedan conforme a las leyes correspondientes, o en su defecto que se aclaren de manera absolutamente transparentes las cosas.
Ante esta situación surgen algunas preguntas:
¿Qué hace el gobernador Bonilla Valdez despachando y atendiendo a clientes de esa dependencia que maneja cuantiosas sumas de dinero?. ¿Está ahí porque los directivos no pueden con el puesto? ¿O porque hay corrupción?.
Si fuera así en cualquiera de los dos casos hay solución:
Si Rigoberto Laborín no puede con el puesto que le pida la renuncia, no puede tener a un director de una dependencia tan importante – como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador – como un simple florero.
Y si es el caso es de corrupción, que limpie toda la dependencia de corruptos y los consignen. Que esto no quede en la impunidad.
¿Para qué sirven entonces las instancias encargadas de combatirla?.
Hay una Vox Populi muy sabia que recomienda:
No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, y mucho menos malas que parezcan buenas.
Es comprensible que los funcionarios de la dependencia, clientes y proveedores quieran permanecer en el anonimato por el temor a enfrentarse con el gobernador, pero que bueno que afloren las cosas para investigarlas con lupa. La gente detesta la prepotencia y la corrupción.
El autor es empresario y analista.
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