El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó que, con las reformas para considerar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, exista un terrorismo fiscal como varios han señalado.
“¿Qué es terrorismo fiscal? Es una frase que nos gusta decir y jugar con ella. Yo diría que no hay terrorismo fiscal, hay consecuencias a las acciones que se tomen”, aseveró Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, al término de la firma de un convenio con la Iniciativa Privada (IP) para combatir la informalidad y evasión fiscal.
La titular del SAT comprendió que algunas personas tengan la percepción de que la autoridad fiscal está emprendiendo un terrorismo fiscal al venir de una etapa en donde la procuración de justicia, en materia fiscal, estaba muy relajada. “Puedo entender a lo que se refiere, es una metáfora de cuando se tiene un fisco más agresivo”.
El martes pasado, el Senado aprobó una serie de reformas para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, con lo cual la conducta se consideraría como “amenaza a la seguridad nacional” y habría prisión preventiva oficiosa para los evasores fiscales.
Lo anterior, señaló la jefa del SAT, es algo con lo cual están alineados. Explicó que, “en la práctica, se dan casos claros de delincuencia organizada en la emisión de facturas falsas, ya que son personas que se organizan y generan empresas factureras para evadir al fisco y, muchas veces, tienen experiencia en ello”.
No obstante, refirió que en el SAT tratan de ser muy respetuosos en lo que se refiere a su marco de maniobra para mantener “una institución que no genere diferentes narrativas” a las que busca el gobierno actual.
Pide denunciar a evasores
Al firmar el Decálogo del Buen Mexicano en Materia Fiscal con la Iniciativa Privada, el SAT invitó a los ciudadanos a hacer denuncias en caso de presenciar alguna defraudación fiscal.
Ríos-Farjat acotó que los contribuyentes podrán hacer su denuncia de manera anónima; sin embargo, expresó que ayuda más a la autoridad que las denuncias las firmen con su nombre y den mayor información.
“Definitivamente es mucho más valioso y ayuda mucho más que un contribuyente se arme de valor, venga con nosotros, nos dé todo y que la denuncia venga firmada por él (…) Son actos de decencia por el país. ¿Nos puede dar miedo? Sí, pero con miedo no podemos vivir, tenemos que hacer frente. Son decisiones de la consciencia de cada quien, medir circunstancias y fuerza. Yo los invitaría a que no piensen que son más débiles de lo que son, piensen que son fuertes y valientes”.
El decálogo firmado, de manera voluntaria, por la Iniciativa Privada es una medida con la cual el SAT busca cerrar las filas a la informalidad y evasión fiscal.
El documento se compone por 11 puntos que los empresarios se comprometieron a seguir: estar localizable en el domicilio registrado; tener la opinión de cumplimiento; mantener contacto con el SAT; ser honesto con los ingresos y gastos declarados; denunciar irregularidades; revisar que sus proveedores que no estén en la lista negra; verificar el domicilio de los proveedores; solicitar a los proveedores documentos; contar con la documentación correspondiente en caso de tener mercancía extranjera, y aplicar procedimientos de control o vigilancia.
Confía en Paquete Económico
La titular del SAT le dio su voto de confianza al Paquete Económico del 2020, presentado el domingo pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Precisó que la miscelánea fiscal planteada será una ayuda extra para cerrar los huecos para la evasión fiscal y la informalidad.
Añadió que en el caso del cobro del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en plataformas digitales, la medida va en línea con los estándares internacionales que ha propuesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero reconoció que en México “vamos retrasados en ese tema”.
“Dependemos mucho de que el Congreso sea sensible a esas necesidades, porque apenas está el trenecito sobre las vías, vamos a esperar que salgamos bien”, declaró.
CIEP apoya mano dura
Por separado, Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), coincidió con la jefa el SAT en que las medidas que equiparan la defraudación fiscal, la venta y compra de facturas apócrifas con delincuencia organizada no deben considerarse como terrorismo fiscal.
“Me parece que la gente que está en contra de estas medidas y que llama terrorismo fiscal a alguien que se le imputó con alguna empresa fantasma que vendía facturas falsas, pues, lo único es que está haciendo es tapar el negocio a un grupo de trácalas”, expresó.
Al presentar su análisis del Paquete Económico 2020, indicó que está comprobado, o al menos en el caso de Estados Unidos, que las medidas psicológicas son sumamente efectivas, “de hecho, la probabilidad de que te pesque la Internal Revenue Service es bajísima, pero a todo mundo le da miedo”.
Reiteró que, si no se mejora la administración tributaria del país, tendría poco sentido pensar en una verdadera reforma fiscal.
Adrián García, coordinador de ingresos e impuestos del CIEP comentó que estas medidas contra la evasión y elusión fiscal se mencionan en el Paquete Económico 2020; no obstante, no se reflejan en la estimación de ingresos del próximo año. A su parecer, los ingresos estimados son conservadores.
En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2020, se espera obtener 13.3% del Producto Interno Bruto (PIB) por ingresos tributarios, lo que implicaría un incremento de 0.2 puntos porcentuales a lo que se estimó para el cierre del 2019.
“No se prevé un crecimiento importante de los ingresos, incluso se reduce la estimación de ingresos por IVA de 3.9% para el 2019 a 3.8% del PIB en el 2020”, indicó el analista del CIEP.
Comentó que entre los cambios más importantes en materia fiscal está gravar la economía digital, donde se propone que el proveedor del servicio sea quien retenga y cause el impuesto.
Detalló que, actualmente, cuando una persona importa un bien físico, lo que tiene que hacer es declararlo en aduanas y pagar el impuesto correspondiente.
“El problema en los servicios digitales es que el importador de los servicios digitales es el consumidor, con lo que podría ser una carga fiscal muy alta. Si alguien contrata Netflix, cada mes tendría que declarar el IVA que causó esa transacción”, expuso.
Por lo que se propone pasar la responsabilidad a estos proveedores de servicios, es decir, que ellos sean quienes retengan y causen ese impuesto, para así evitar todo el costo administrativo que causaría a los consumidores, dijo.
Con respecto a los cambios en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en tabacos labrados, explicó que lo que se actualizará es la cuota específica de 0.35 pesos por cigarro. “La cuota específica no se ha actualizado desde el 2011, por lo que se propone que sea renovada utilizando la inflación acumulada del 2011 al 2019, quedando en 0.4980 pesos por cigarro. Cálculos del CIEP estiman que dicha medida aumentaría la recaudación en aproximadamente 3,000 millones de pesos, incrementaría el precio en 8% y disminuiría el consumo en 4.7 por ciento”.
De igual manera que con el IEPS al tabaco, se propone actualizar, por medio de la inflación, el IEPS a bebidas saborizadas. “El impuesto vigente a bebidas saborizadas es de 1.17 pesos por litro y fue actualizado en el 2018. Se propone actualizarlo con la inflación acumulada durante el 2018 y la estimada en el 2019, para que la cuota quede en 1.2705 pesos por litro”.
