Pese al avance que ha habido en su proceso de consolidación fiscal en 2018, los ingresos tributarios de América Latina aún son insuficientes para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, afirmó el abogado fiscalista Octavio de la Torre de Stéffano.
El presidente del corporativo TLC Asociados, refirió que lo anterior se desprende de la publicación del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que indica que el déficit primario del conjunto de los países de América Latina pasó del 0.8% del PIB en 2017 al 0.5% del PIB en 2018.
De acuerdo con este organismo internacional, este ajuste se debe principalmente al recorte registrado en el gasto primario —los gastos totales excluidos los pagos de intereses—, que disminuyó del 19% del PIB en 2017 al 18.6% del PIB en 2018.
Indicó que en el Caribe, el superávit primario aumentó del 0.9% del PIB en 2017 al 2.1% del PIB en 2018, en concordancia con la necesidad de continuar generando superávits primarios sustanciales para estabilizar y reducir el alto nivel de deuda pública.
No obstante, puntualizó que en esta mejora en la posición fiscal de América Latina, la deuda pública se encuentra en aumento, y alcanzó un 42.3% del PIB en 2018, comparado al 39.4% de 2017; reflejado principalmente por la deuda de Argentina, que subió 38 puntos, aunque el Caribe logró disminuirla del 74.3% al 72.4.
Octavio de la Torre abundó que en el informe se destaca la reducción de los gastos de capital en América Latina, que pasaron del 3,6% del PIB en 2017 al 3,2% del PIB en 2018, su nivel más bajo desde 2007, mientras que en el Caribe, la baja de pagos de intereses de los últimos años continuó en 2018, logrando abrir espacio para equilibrar la composición el gasto público total.
En ese sentido, destacó que América Latina se mantuvo en el mismo nivel en cuanto a ingresos públicos con 18.1% del PIB, estabilidad que ocultó tendencias opuestas entre los grupos de países y se produjo una tendencia a la reducción en el grupo de países de Centroamérica y México.
Dijo que el Caribe tuvo un incremento en la recaudación tributaria y de ingresos por otros conceptos, en los que se incluyen los provenientes de programas de ciudadanía por inversión. Se impulsaron la evolución de los ingresos totales, alcanzando un 27.6% del PIB durante 2018, comparado con el 26.3% de 2017.
“La evasión y elusión fiscal es el principal problema para la movilización de recursos internos, pues según estimaciones de la CEPAL, sugiere que el costo de estas prácticas en América Latina alcanzó un 6.3% del PIB en 2017, lo que equivale a 335 mil millones de dólares”, expresó el presidente de TLC Asociados.
Además, manifestó que se estima que los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes alcanzaron los 85 mil millones de dólares en 2016, equivalente al 1.5% del PIB de América Latina y el Caribe.
Resaltó que debido a que la política tributaria es la herramienta para el impulso al cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030, se analiza la tributación y fiscalización de la economía digital en la región, en resumen, se revisan medidas unilaterales que países de la región ya han adoptado y que apuntan a cerrar los espacios de elusión y cobrar impuestos derivados de las actividades de la economía digital.
“El debate sobre el uso de estos instrumentos se ha intensificado últimamente y algunos países ya han adoptado medidas en la línea de las implementadas en países desarrollados”, recalcó.
Adicionalmente se busca alimentar el debate regional sobre el uso de impuestos correctivos, particularmente en los relacionados con el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y otros alimentos poco saludables, esto es con el fin de lograr distintas metas de los ODS.
De la Torre afirmó que el documento examina el uso de incentivos fiscales en América Latina, pues en este ámbito, la región se ve limitada por numerosos incentivos y tratamientos tributarios preferenciales.
Agregó que el uso de esta herramienta debe ser evaluado a través de un análisis de costo-beneficio, y considerando su interacción con las políticas tributarias y programas de gasto público; las evaluaciones permitirían determinar si hay o no una justificación para otorgar estos beneficios.
