No es la primera vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se unen con la finalidad de firmar un convenio mediante el cual se intercambian información, con el objetivo de mejorar las labores de fiscalización y combate a la corrupción.
Así lo señaló el abogado fiscalista Jorge Pickett Corona, quien dijo que este convenio fue establecido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, a través de su titular Santiago Nieto Castillo , y el IMSS a través de su Director General, Zoe Robledo.
“Las instituciones compartirán reportes de inteligencia sobre los reportes y avisos respecto de actos u operaciones de los contribuyentes, patrones, trabajadores, personas físicas, morales y demás sujetos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)”, apuntó.
Este intercambio se hará en apego a la Ley del Seguro Social, las Leyes de Acceso a la Información y la Ley de Seguridad Nacional, indicó, de manera que ambas partes colaborarán para la detección de hechos de corrupción contra el servicio público, cometidos por servidores y/o por particulares, así como por personas políticamente expuestas.
Uno de los objetivos del convenio, añadió el abogado, es tener en la mira al outsourcing o subcontratación laboral, que es considerada una actividad vulnerable, donde el objetivo es detectar quiénes usan estos esquemas, cuánto dinero manejan, y ver si los recursos que llegan a los trabajadores se declaran en su totalidad.
“Según un estudio del centro de análisis sobre mercados de recursos humanos Staffing Industry, en 2016 había unas 900 empresas que ofrecían servicios de subcontratación. De éstas, solo 100 estaban registradas ante el IMSS, y de éstas, solo 40 pagaban sus impuestos y tenían todo en regla”, subrayó.
Destacó que el mismo análisis menciona que de estas 40 solo 20 cumplen con los estándares de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), permitiendo auditorías legales y fiscales.
En tanto que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dijo, arrojó que el 16.6% de los trabajadores mexicanos trabajan en una outsourcing.
Por último, Pickett Corona resaltó que los contribuyentes que se valgan del outsourcing para evitar pagar impuestos, podrían ir a la cárcel, ya que el Senado evalúa un paquete de reformas que lo convertiría en un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
