El miércoles pasado, como si fuéramos un par de mocosos de secundaria (que créanme que no lo somos), uno de mis mejores amigos y un servidor observábamos maravillados la cantidad (y alta calidad) de grandes y nuevas obras arquitectónicas en proceso de construcción que muy pronto ornamentarán en plenitud el paisaje de la zona río de Tijuana; al día siguiente, comentábamos con optimismo la experiencia durante la comida con dos de sus grandes amigos (y ahora también míos), y, en un giro conversacional, comenzamos a discutir entre los cuatro los posibles e hipotéticos elementos que pudieran dañar o echar a perder por completo esa positiva y ya mencionada tendencia; en otras palabras, ¿qué podría enfurecer a la justicia divina como para que ésta terminara por “prohibirnos” el erigir semejantes construcciones de proporciones babélicas? Uno de los más fuertes candidatos para ello fue la eventual falta de respeto (desde una perspectiva jurídica) a la propiedad privada, en particular referencia a cuando un terreno privado es invadido de forma ilegal y, sin embargo, su dueño es incapaz de recuperarlo (fenómeno del que sabemos que nuestra ciudad no está particularmente absuelta). ¿Cómo resolver el problema local de los antiguamente llamados paracaidistas? Honestamente, no tengo ni la menor idea, pero si tuviera que hacer algo al respecto, posiblemente haría lo siguiente: 1.- El primero tal vez sería el paso más desagradable e impopular de ellos: evitar la tendencia. Esto es, evitar, a partir del momento, la invasión de nuevos terrenos por medio del poder del Estado. Duro, ¿no? Pero es que si el procedimiento se invierte y se sigue siendo permisivo con las invasiones de terrenos mientras se dan luces de esperanza de regularizar la situación de los paracaidistas del pasado, se corre lógicamente el riesgo presente de aumentar sobremanera la invasión ilegal de terrenos. Caramba, así hasta se antoja que nos echemos un clavado a donde se nos de la gana, ¿no? Al cabo que el gobierno está prometiendo que, a fin de cuentas, nos terminará regalando la propiedad que estamos tentados a invadir… 2.- Después de la política de cero tolerancia a la invasión de terrenos, viene la parte de la negociación, que básicamente se resumiría en dos partes: A) expulsión del invasor indispuesto a negociar y B) regularización de la situación del invasor, tomando éste posesión formal del terreno, mientras se indemniza, en su debido caso, al propietario original (en parte con una cantidad constante de dinero proveniente del invasor del terreno so pena de ser expulsado en caso de incumplimiento).
Como podemos ver, tanto el paso número uno como el paso dos son de un alto costo económico para la sociedad. Y aquí podemos decir que vendría el capítulo final: que el gobierno no resuelva el problema de manera enteramente impositiva, sino que convoque a la sociedad civil y la convenza para que ésta ayude humanitariamente tanto a los invasores desplazados como a los propietarios que merecen ser indemnizados.
Un gobierno que infunde una BAJA carga impositiva a su pueblo (en materia de impuestos, valga la redundancia), siempre contará con el privilegio de poseer un mucho mayor margen de maniobra al momento de negociar con la sociedad civil y coordinar con ésta proyectos capaces de resolver problemáticas añejas y de todo tipo (como la aquí mencionada); además, un gobierno lento en imponer, suele concentrarse (a diferencia de las autocracias y regímenes totalitarios) en prohibir sólo lo estrictamente necesario, protegiendo prioritaria y consecuentemente nuestra vida y nuestra propiedad privada, y no necesariamente nuestros “derechos” a que nos den terrenos gratis (y por “gratis” quiero decir que el gobierno se lo robe a su propietario legítimo para después “regalármelo” a mí, por supuesto, y a la hora de que ya nadie quiera arriesgarse a construir nuevos edificios en semejante lugar, nos ofendamos todos porque Diosito no nos deja construir nuestras torres de Babel…)
