Es buena noticia que el Gobierno se haya percatado al fin de que la cultura y —por extensión— el español es el gran activo de este país a la hora de forjar una mejor imagen en el exterior y una visibilización de su valor. Ningún otro país comparte con España el alto potencial que supone para sus negocios, para su impacto cultural y su imagen la existencia de una comunidad como la hispanohablante: 570 millones de personas hablan español como primera lengua en más de 20 países de todo el mundo y se calcula que serán más de 700 en 30 años. Pero el material es harto sensible: monopolizar la promoción del español dentro de la Marca España puede herir, con razón, a nuestros socios latinoamericanos, tan dueños de esta lengua como los españoles.
El Alto Comisionado para la Marca España, dependiente de Exteriores, ha anunciado que pasará a denominarse “para la Marca España y la Promoción del Español”. Para ello se propone diseñar una estrategia, impulsar un Erasmus Iberoamericano, nombrar embajadores “del español” y crear una plataforma digital. Pero el español no es patrimonio de España, sino de todos los países hispanoablantes, y es crucial que en una genuina batalla por este idioma España esté en pie de igualdad con todos ellos. Solo de la mano, esta lucha será justa y productiva.
También sería digna prueba de una verdadera lucha por la cultura y el idioma el combate contra la piratería que mina los recursos de los creadores, los recursos para bibliotecas, el fomento de la lectura, la ayuda veraz a la creación y a la promoción, terrenos en los que España arrastra enormes déficits. Este país es infinitamente más que toros, flamenco y sol. Pero sería de enorme valor que en su aproximación al idioma y la cultura el Gobierno no se confundiera, y acompasara su intención con una auténtica política de promoción de la cultura. Porque como ha dicho Vargas Llosa: “No se puede encarcelar un idioma. Más cuando hay muchos países que lo sienten como propio. Es un error.”
