La Cámara Nacional de la Transformación (Canacintra) Tijuana hizo entrega formal de una propuesta de iniciativa de Ley para el Fomento a la Proveeduría del Estado de Baja California a diputados de diferentes partidos políticos.

El presidente del organismo, Marcello Hinojosa Jiménez, mencionó que se entregó el documento por medio de la Oficialía de Partes del Congreso a los diputados con el objetivo de que se presente al pleno de forma conjunta entre varios partidos.

Detalló que la hicieron llegar a los diputados con quienes ya han sostenido reuniones, mismos que han manifestado su interés por la iniciativa: Ignacio García, Raul Castañeda, Miguel Osuna Millán, Marco Antonio Corona, Andrés de la Rosa, Eva María Vázquez y al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Jorge Núñez.

Destacó que de aprobarse, esta ley generará un gran beneficio en la entidad ya que se incrementará la proveeduría local que actualmente solo es de un 2 por ciento. Es decir, crecería la venta de insumos de parte de empresas locales a maquiladoras, quienes en la actualidad importan la mayoría de lo que requieren para producir.

En ese sentido, señaló que cada punto porcentual de proveeduría que se aumente, representa 293 millones de dólares anuales que se quedarán en Baja California.

Indicó que actualmente no existe una normatividad integral que establezca los incentivos y mecanismos adecuados para el fomento de la proveeduría local. Es por ello que Canacintra Tijuana impulsa esta iniciativa, buscando que aumente la venta de insumos a la industria de exportación.

En cuanto a los estímulos fiscales, comentó que serían una exención parcial o total de impuestos y derechos estatales que se otorgarán según el porcentaje de adquisición de insumos a proveedores locales. Poniendo como ejemplo el impuesto sobre la nómina y pagos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Finalmente, Hinojosa Jiménez subrayó que la iniciativa también plantea mecanismos innovadores de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. La Ley crearía un comité para el desarrollo de proveedores y un consejo consultivo, ambos integrados por ciudadanos, que harían recomendaciones al gobierno estatal para fomentar la proveeduría.

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