Mientras el gobierno de Baja California intenta no ahogarse con la reacción social contra la nueva Ley de Agua, el gobierno federal le pone gasolina y la gente explota en un movimiento social, porque el agua es un derecho humano y, como tal, debe garantizarse, o será un derecho humano solo para quien pueda pagarlo.
Así lo sostuvo José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), afirmando que el movimiento que se detonó prueba que el mal manejo de la gasolina es peligroso, porque hay una terrible dependencia de ella para la movilidad, pero lo urgente no debe ganarle a lo importante, porque el agua es la base de la vida.
“Es cierto que la ley de agua de 1969 necesitaba actualizarse, pero ¿tanta prisa tenía el gobernador que los diputados se vieron obligados a aprobarla en una semana por los casi 50 años de atraso?, la urgencia es un pobre argumento y falta dimensionar muchas cosas para hacerla más justa, garantizando el agua como derecho humano”, opinó.
Que el agua, continuó Zavala Álvarez, convoque a todos una discusión con ánimo colaborativo, porque si bien el agua es un recurso que requiere rentabilidad, no se puede dejar de garantizar el derecho humano al agua ni cortar el suministro en la vivienda a quienes deban 90 días como dice la ley, porque esto además generaría problemas de salud pública y calidad de vida.
Agregó que se deben acotar y aclarar términos y alcances del “cobro con carácter fiscal”, con el que la ley permite embargar; el “consumo presuntivo”, que se usa para cobrar y garantizar la venta, y el “pago mínimo” para la rentabilidad, así como reconocer que el ciclo del agua no tiene residuos y es errónea la definición de agua “residual”, pero se necesitará apagar parcialmente el acueducto para hacer rentable la planta de osmosis inversa.
“Puede prohibirse el uso de agua nueva en riego de jardinería, activar campañas para cambio de sanitarios, lograr cero descargas de agua al mar y cero fugas; además, usar como almacén la Presa Rodríguez, dar más relevancia al carácter de salud y ambiental del agua y asegurarnos de que el organismo encargado del agua tenga como director general a alguien con una profesión afín y experiencia”, remarcó.
En cuanto a la gasolina, el director del CIGA comentó que la falta de gasolina generó un mercado negro, en una consecuencia predecible y fácilmente manipulable, revelando la terrible dependencia que existe de este combustible para la movilidad, porque los carros, con su terrible impacto urbano, no tienen aún una opción y continúan siendo quienes gobiernan y construyen ciudades para sí.
“El precio es el argumento superior para regular ambos temas, porque el precio del agua y la gasolina hará que la gente no las derroche y ello estará a favor del medio ambiente, pero este criterio no es sostenible en el largo plazo, porque aunque es un modo instantáneo de lograr la rentabilidad económica, no considera el impacto socio-ambiental y la ponderación no es equitativa”, opinó.
“Los gobiernos locales no alcanzan a regular el caos urbano, solo la sociedad empoderada puede cambiar el rumbo y parece que llegó el tiempo; el tema ambiental es la vía para desde lo individual construir comunidad, para hacer del interés público un valor superior, aceptar que solo juntos podemos enfrentar retos de esta envergadura y no estigmatizar la privatización, porque sí es posible concesionar con justicia y reglas claras”, opinó.
Recordó que algunos puntos de la ley privilegian la rentabilidad de la empresa por encima del interés del ciudadano común, como el corte a deudores en 90 días y la actualización de precios automática, sin pasar por el Congreso del Estado, de modo que el gobernador debe, por ley, procurar el equilibrio entre el interés público y privado, para que la ley no atente contra el interés público ni deje indefenso al ciudadano común.
“El corte a deudores no debe darse, en congruencia con la ley, porque el agua es un derecho humano; en todo caso, tal vez pueda aplicarse el concepto de mínimo vital de la Organización Mundial de la Salud, que establece un mínimo de entre 50 y 100 litros por habitante al día sin costo”, consideró el director del CIGA.
Desafortunadamente, añadió el ambientalista, credibilidad y confianza son dos cualidades de las que no gozan el gobierno del estado ni el gobierno federal y tanto en el programa de reacción que lanzó el presidente Enrique Peña Nieto, como en el que activó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, se aprecian las tres “i”: improvisado, incompleto, insuficiente.
Así pues, finalizó José Carmelo Zavala Álvarez, contra la química clásica, la mezcla agua-gasolina es explosiva, por el catalizador social, una variable no predecible que no estaba en la ecuación que formula el gobierno y que ha hecho que las manifestaciones sigan creciendo.
