Vaya giro ha dado el caso de la desaparición, y ya formalmente homicidio, de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala. El gobierno, por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de este caso, ha dado a conocer un nuevo Informe que ha servido para detener al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción en la administración de la justicia.

He seguido de cerca la historia de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa a lo largo de casi ocho años. He entrevistado a muchos de los especialistas en mi programa de televisión, incluyendo a los abogados del Centro Pro que han ayudado tanto a los familiares de las víctimas, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que realizó una de las investigaciones más exhaustivas hasta que se toparon con la negativa del gobierno de Peña de seguir adelante y a Héctor de Mauleón, quien leyó el expediente completo de la llamada “verdad histórica” que presentó la PGR de Murillo.

Ahora el gobierno de AMLO argumenta que dicha “verdad histórica” no era tal sino una acción concertada desde el aparato del poder para ocultar lo ocurrido. La lista de implicados que presenta el informe es muy larga. Incluye a Murillo y varios de sus subordinados en la PGR. Hay mandos militares y funcionarios de Guerrero. Incluso aparece el hoy secretario de seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch.

Vamos a ver si la Fiscalía General de la República (FGR) procesa judicialmente a más de los presuntos involucrados.

Pero si la “verdad histórica” era mentira, ¿cuál es la verdad?

No queda del todo claro en el nuevo informe.

Durante la presencia de los estudiantes en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, había un enfrentamiento entre dos bandas del crimen organizado de la región: Guerreros Unidos (GU) y Los Rojos (LR). Los primeros habían realizado una incursión en territorio de los segundos y, por tanto, esperaban una pronta venganza en Iguala.

De los 43 desparecidos, por lo menos se identificaron 14 que iban en el autobús número 1531 de la línea Estrella de Oro. El Informe “presume” que, alrededor de las 22:30 horas, parte de este grupo fue detenido por la Policía de Iguala y llevados a Loma de Coyotes. La otra parte la capturó la Policía de Huitzuco adonde fueron trasladados. Hay otros 21 normalistas identificados que iban en el autobús 1568, también de Estrella de Oro. Aproximadamente a la misma hora fueron detenidos por las policías de Iguala y Cocula. Luego los habrían trasladado a la comandancia de Iguala para posteriormente entregarlos a miembros de GU en Loma de Coyotes.

Entre las 22:45 y las 23 horas se dio una inusual actividad telefónica de mandos y elementos operativos de GU en Iguala. Esto habría desatado un “claro incremento en la violencia” donde quedaron involucrados los estudiantes. Los GU creyeron que eran infiltrados de LR.

Entre las 3:00 y 4:45 horas del 27 de septiembre hay, de nuevo, un aumento en las comunicaciones de los GU. En la sección “Órdenes de Ejecución de los Estudiantes” del informe todo se encuentra tachado en negro. Es información confidencial. Sin embargo, más adelante se menciona que un jefe de plaza, el “A1”, es el que dio la orden de “recuperar la mercancía” y matar a todos los estudiantes.

Pasamos a la sección de “Desaparición de los estudiantes”. De nuevo todo está tachado en negro. Termina mencionándose los 18 apodos de los actores relevantes que participaron en la ejecución y desaparición. Más adelante, en otra sección, se menciona que no se sabe cómo mataron a los normalistas trasladados a Huitzuco.

Aunque la instrucción original había sido quemar los cadáveres, “El Chuky les metió machete” y los empacaron en bolsas “para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera”. El Chino los arrojó al río Balsas, La Gorda al pozo de Pueblo Viejo, El Moreno cocinó cinco cuerpos y cinco se los envió a El Chuky, otros acabaron en “la mina de los patrones”.

De la lectura del informe no queda claro, pues, el momento clave de la ejecución de los muchachos. Supongo que el gobierno lo sabe y es lo que está tachado en negro. Ojalá algún día se haga público.

Por lo pronto, la conclusión del informe es que “existió una evidente colusión de agentes del Estado Mexicano con el grupo delictivo de GU que toleraron, permitieron y participaron en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, así como el intento del gobierno de ocultar la verdad de estos hechos”. La FGR ya comenzó a procesar judicialmente a los presuntos responsables del supuesto encubrimiento. Será un caso muy interesante que podría sentar un precedente importantísimo para la justicia mexicana.

Twitter:@leozuckermann

FuenteExcelsior

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