El sector comercio propuso modificar el Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, a fin de que no se acepten resultados de cualquier país, sino solo de aquellos con los que se tiene algún tratado comercial y con ello no exceder los compromisos del T-MEC.

Lo anterior lo señaló el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, Vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), durante su participación en la mesa de trabajo “Normalización y Estandarización”.

Dicha mesa virtual fue organizada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, donde se expresaron inquietudes y reflexiones sobre la iniciativa de Ley de Infraestructura de la Calidad.

El abogado fiscalista enfatizó que la Concanaco-Servytur es un actor importante en el Sistema Mexicano de Normalización, ya que como representante del sector terciario, vela por que se cumplan las normas que inciden en la salud, la seguridad, la protección al consumidor y el medio ambiente.

“Por ello, hemos dado puntual seguimiento a este proceso en el que identificamos áreas de oportunidad, puntualizando que los textos del T-MEC no demandan la urgencia de la Reforma para la entrada en vigor del Tratado con la región de Norteamérica”, comentó.

Refirió que el Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad extiende varios beneficios a productos importados y a organismos extranjeros que están fuera del marco de cooperación y facilitación del comercio del T-MEC, donde los ciudadanos mexicanos no reciben el mismo trato recíproco de cualquier país extranjero.

“Hago referencia al Artículo 64 del Proyecto de Ley, que establece que se acepta evidencia de cumplimiento para bienes importados, por ejemplo, un certificado de un Organismo de Evaluación de la Conformidad o de un tercero extranjero, en términos de un acuerdo de reconocimiento mutuo o equivalencia vigente, conforme a lo previsto en el Reglamento”, dijo.

Para la aceptación de resultados del T-MEC se requiere que los organismos extranjeros sean acreditados o aprobados, condición que no se plasma en el Proyecto de Ley y solo lo remite al Reglamento.

El Dr. Octavio de la Torre mencionó que el Reglamento se expedirá en un plazo de dos años, según se señala, dejando un vacío legal importante, incluso permitiendo que el Ejecutivo establezca obligaciones y beneficios no contenidos en la ley, por lo que, bajo estas consideraciones, se requiere de una Ley clara.

“Es imprescindible modificar la arquitectura legal de la norma en beneficio de la transparencia, rendición de cuentas y, por encima de todo, de la certidumbre jurídica”, resaltó.

En este sentido, el abogado fiscalista remarcó que una de las principales reglas de los acuerdos internacionales es la reciprocidad, pero, en esta iniciativa, la apertura no brinda la certeza de que los productos o servicios mexicanos gocen de las mismas facilidades de acceso a otros mercados.

“Para el sector comercio y, sobre todo para los consumidores, esto representa un gran riesgo, debido a que podría ocasionar que ingresen al país productos certificados por un tercero extranjero que no cuente con las credenciales suficientes para saber si es técnicamente competente, y si el certificado que otorgó es confiable, perjudicando al consumidor en su salud, seguridad o dañando el medio ambiente”, advirtió.

Aunado a ello, añadió De la Torre, el daño que tendrían los empresarios mexicanos que no gozaran del mismo trato en sus exportaciones a estos países ni en sus ventas en el mercado nacional, sí están obligados a certificar, probar o verificar sus productos sujetos a normas oficiales con organismos acreditados y aprobados, con el correspondiente costo y tiempo que esto implica.

El Vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente consideró importante no facilitar espacios para la dispersión de las actividades de normalización o estandarización, ya que la tendencia mundial es no duplicar trabajos y mantener los controles necesarios para el debido cumplimiento.