Revocación de mandato: corrupción, manipulación y fraude. La consulta constitucional sobre la Revocación de Mandato terminó anclada en la corrupción y la violación sistemática y deliberada de la ley que deformó un ejercicio supuestamente ciudadano. El Presidente, los gobiernos morenistas y el partido oficial la convirtieron en una elección buscando abrir paso forzosamente al movimiento de López Obrador en el año 2024.

Deformaron la pregunta. Cuando el Congreso de la Unión incluyó ilegalmente la pregunta para ratificar al Presidente, y no solo su revocación, contrariando el texto constitucional, el camino de este pretendido ejercicio democrático se torció irremediablemente.

Falsificaron firmas. De ahí en adelante la sociedad mexicana fue testigo de un cúmulo de ilegalidades por parte del oficialismo. Las firmas para asegurar la realización de la elección fueron extraídas de los archivos oficiales de los programas sociales, violando la privacidad de datos personales.

Ahorcaron al INE y desviaron recursos públicos. Las restricciones presupuestales al INE fueron para desacreditar ese instituto y promover su destrucción. Ignoraron la veda legal y realizaron eventos donde funcionarios públicos llamaban a votar. Usaron el presupuesto público para la compra de anuncios espectaculares a nivel nacional.

Violaron la ley de forma descarada. Todos estos actos ocurrieron sin disimulo ante los ojos de la ciudadanía, asombrada por el cinismo y arrogancia del funcionariado convencido que su poder le otorga una carta de impunidad para violar la Constitución y las leyes electorales.

Obtuvieron votantes a base de acarreos, amenazas y chantajes. El operativo de Estado quedó confirmado el día domingo 10 de abril, cuando miles de funcionarios obligaron a millones de votantes atrapados en las redes corruptas de los programas sociales a votar a favor del Presidente. El despliegue descarado del gobierno y su partido buscaba aumentar artificialmente el número de votantes en una elección donde iban solos.

El ejercicio “revocatorio” es un montaje. Bajo estas condiciones, el resultado numérico es una quimera creada por el aparato de Estado para crear una presión hacia la sociedad sugestionando la inevitabilidad de la permanencia de Morena en el poder más allá del año 2024. El resultado es producto de una larga cadena de actos ilegales que arrojan, finalmente, un resultado carente de credibilidad.

Y a pesar de todo, AMLO perdió. Para que la votación revocatoria tuviera validez legal, debían ser emitidos al menos 37.3 millones de votos. Ésta cifra es el 40% del padrón nominal que contiene 93.6 millones de posibles electores. En 2018 López Obrador recibió 30.1 millones de votos. Cualquier cantidad menor a esa cantidad de votos habla de un gobierno con una pérdida neta de apoyo social. En las elecciones intermedias de junio de 2021 Morena obtuvo 20.2 millones de votos, lo cual representa una pérdida neta del 47% de sus votos obtenidos tres años antes. Este 10 de abril de 2022 AMLO recibió 15 millones de votos, representando una pérdida neta del 50% ante los votos recibidos en el 2018 y 25% menos en el 2021. Su votación representa apenas el 15.3% de la lista nominal de electores. Las cifras, vistas fríamente, representan una derrota política contundente de AMLO y de su proyecto continuista.

Al final, la gran mayoría de los mexicanos rechazó ser parte de esta farsa. Además, la abstención activa del 82.4% de la lista nominal, tomado como rechazo a la elección y su manipulación, representa la mejor encuesta posible para conocer la verdadera “popularidad” del Presidente de la República.

La gran mayoría de mexicanas y mexicanos que no votamos desconocemos sus resultados y convocamos a toda la sociedad honesta y patriota a denunciar este ejercicio que carece de legalidad y, por tanto, de legitimidad. Los órganos constitucionales electorales tendrán la última palabra acerca de la legalidad de la Revocación del Mandato.

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