Cuando lo único que no falta en el mundo es el dinero, los conflictos entre quienes tienen demasiado y aquellos que deben ajustar su vida, al salario –en la época productiva- o la jubilación -si ya se entró en la edad y condiciones que lo justifica- parecen ser cada día más cotidianos. Históricamente un personaje –incluida a veces a su familia- puede superar el nivel de supervivencia idónea, aumentando los recursos que les faltan o mejorando así la mínima liquidez para vivir sin problemas, acudiendo al ahorro o al crédito en el caso que su intención sea la de hacer crecer su negocio o simplemente mantenerlo en niveles convenientes. El crédito es pues una herramienta que algunas veces es ejercido por prestamistas, casi siempre individuales, sin más circunstancia de contar con el recurso que le falta al otro o en los tiempos modernos, a instituciones establecidas justo para realizar operaciones que suponen el uso del dinero, generalmente como préstamos en sus diversas opciones: hipotecario, al consumo, estudiantil, para el desarrollo, etc. ¿Conoce de casos en los que viudas son despojadas de su herencia con la  intervención de banqueros o profesionistas deshonestos y sin control? ¿Qué puede hacer si la lanzan a la calle con la certeza de que el gobernante en turno no castigará a los autores del despojo por un acto de ese tipo? Y si usted sabe quién fue “el influyente” que permitió tal injusticia ¿Eso deja alguna acción jurídica en favor de la víctima?

La historia es fecunda de casos en los que el dueño del recurso termina, abusando de quien solicitó el préstamo, al exigir abusivamente el pago anticipado o con montos muy por arriba de lo que la equidad permite y casi siempre derivado de un engaño en el tema de los intereses o hasta las comisiones. Por otra parte, algunos usuarios hábilmente intentan utilizar los sistemas –bancarios o similares- para ocultar operaciones delincuenciales, de ahí que a nivel internacional –la mayoría de los bancos son ahora transnacionales – hayan proliferado sistemas regulatorios casi siempre con el propósito de defender al usuario más débil.[1]¿qué pasa entonces si bancos y autoridades no respetan el derecho de los usuarios? ¿Conoces casos de abuso contra algún cliente? Imagine una pareja de la tercera edad, que vive de sus pensiones y que, como resultado de la última liquidación de uno de ellos, aprovechó para comprar un departamento más pequeño que la casa que arrendaba –lo cual resultaba además de oneroso muy grande debido a la partida de sus hijos- sin imaginar que medio año después ello resultaría en el bloqueo de sus cuentas donde se les deposita su pensión, mismas a las cuáles se les cargan sus gastos de servicios y alimentos. ¿Quién tiene más culpa un banco que no informó a sus clientes -de hace 4 décadas- que dicho acto de bloqueo era resultado de una investigación del SAT o dicha dependencia pública que sin base jurídica simplemente les incluyó en una investigación solo por haber realizado su operación de compraventa con un notario señalado por su relación con un exfuncionario “del pasado” hoy satanizado por el gobierno actual? Pero el tema de los abusos en este sistema donde los servidores gubernamentales, que ni siquiera tienen la habilidad de mover una escoba, siguen pretendiendo que la corrupción termine barriendo los escalones de arriba, se da en todos los ámbitos. Otro caso sorprendente es el de una mujer, también de la tercera edad, quién quedó atrapada en una carambola –que ella no provocó- cuando manejaba su camioneta por la delegacion Coyoacán. En ausencia del representante de su seguro, la policía la detuvo y al llevarla al fiscal número 1 de dicha delegacion ¡la metieron a los separos” advirtiéndole que podría salir después de 72 horas siempre y cuando “aportara” treinta mil pesos y que no tenía derecho a que la viera ni su abogado! ¿Le parece increíble? púes es cierto y como la comisión de derechos humanos –escalones intermedios- tiene cabeza de piedra, la profesionista víctima de este fiscal corrupto, pudo salir al día siguiente, cuando su hija médica, demostró que estaba a punto de sufrir un infarto y que ella denunciaría al médico legista y compañía de la susodicha delegación. El tema está aun proceso, su camioneta fue vandalizadas en las áreas de la fiscalía y tanto ella como su familia, no saben si ser prudentes y esperar a que alguien termine de barrer desde arriba para que estas cosas no ocurran. ¿Qué se puede hacer si igual que con la CONDUCEF, la CNDH o los funcionarios no aptos en las delegaciones carecen de aptitudes para trabajar en beneficio de los ciudadanos? ¿Qué pueden hacer dos personas cercanas a los 80 años a los que se les ha confiscado su dinero y ahorros o a la que se le ha incautada su vehículo? ¿Se les hostiga solo porque son de clase media y supuestamente conservadores y enemigos del régimen? ¿De qué grado es la complicidad entre estos burócratas y los brókeres de seguros que no acuden con la prontitud que el caso amerita?

En el tema de los seguros, ¿Quién aplica la ley frente a autoridades omisas que han permitido asentamientos irregulares, como el del cerro chiquigüite?[2] y en esos gigantes contratados –desde los escalones de arriba por designación directa o licitaciones amañadas- ¿La CFE, le paga algo al ciudadano si por la suspensión de luz su familiar oxigeno dependiente, se muere? ¿Alguien nos puede decir si el retraso en el pago de indemnizaciones de las víctimas del accidente del metro está relacionado con el no trámite de dichos seguros con los brókeres recomendaos por un mal barrendero de los escalones altos? ¿Este detalle de la parte superior de la escalera, afectará también a los incidentes de patrullas arrendadas y tantas otras cosas que pretenden afectar la candidatura de la científica jefa de la ciudad? ¿Cuánto vale la vida de niños aplastados por rocas o ahogados por agua que ningún barrendero de los escalones de CONAGUA, supo conducir?

[1] En el caso de México, quien debió hacer una revisión exhaustiva de las cláusulas abusivas en los contratos es justamente la CONDUCEF que, en el sexenio pasado, encontró casi 1,300 trampas de letra chiquita, mismas que quedaron prácticamente borradas para mediados del 2018 evitando así limitar el ejercicio de los derechos del usuario o imponerles obligaciones indeterminables.
[2] Lo de los asentamientos irregulares, dicen que está prohibido; pero no lo persiguen –aunque sean zonas de riesgo- si hay barrenderos implicados. Y en todo caso el tema se arregla acusándolos con sus madres y abuelas, sobre todo si los habitantes se han comprometido con votos en las campañas.