La indignación en la sociedad mexicana a propósito de los horrores recientes de género —Abril, Ingrid, Fátima— y de los feminicidios en general reviste mucha aristas. Se extienden desde la discusión sobre la temporalidad del tema —las víctimas de Ciudad Juárez de los años 90 y principios de siglo nos dicen mucho sobre el asunto— hasta la discusión jurídica planteada por Alejandro Gertz —quizás sin la sensibilidad necesaria pero con innegable pertinencia. Involucran el problema de la violencia en general en México, y de su concentración en víctimas especialmente vulnerables o de larga historia en nuestro país. Pero la reacción en días recientes tanto de López Obrador como de muchas mujeres y críticos del gobierno ilustran un aspecto particularmente escandaloso del asunto.

En muchos países del mundo hay expresiones de violencia que son, en momentos determinados, rechazados con mayor vigor, fuerza y decibeles que otros. Se debe a peculiaridades de la historia, de la actualidad, de sensibilidades sociales específicas. Afectan a minorías víctimas de genocidio, a mayorías desprotegidas por la historia, a grupos condenados a vivir en las sombras durante siglos. Ejemplos abundan: la violencia antisemita en Francia y Alemania en tiempos recientes; la violencia antimusulmana en la India bajo Modi; la violencia de supremacistas blancos en ciudades del sur de los Estados Unidos; la violencia antiLGBTTI en la Rusia de Putin o en la Cuba de Fidel Castro en los años 60; podríamos seguir.

En todos estos casos, se podría sostener que dichas manifestaciones de la violencia son parte de la violencia en general; que encierran causas generales y no necesariamente específicas; que los antídotos policíacos, judiciales, culturales y sociales existentes bastan para combatirlas; y que no todos los casos son iguales o asimilables. Pero quien asume estas posturas en cualquier de los países citados, o en México hoy, pasa por alto un elemento clave, que un político tan en sincronía con la opinión pública como López Obrador debiera detectar.

Una parte importante de la opinión pública hoy —lo muestran encuestas como las de Roy Campos en El Economista hoy— quiere una respuesta específica, concreta, proactiva contra los feminicidios y contra la violencia de género en general. No espera respuestas abstractas, ni explicaciones teóricas ni enfoques que abarcan todo. Busca, y exige, una especie de política pública de acción afirmativa contra estas plagas en particular, a favor de estas víctimas en particular, en este momento en particular.

Que no es sencillo diseñar dicha política es indiscutible. Que los casos icónicos tomaron por sorpresa al gobierno y a la sociedad en general es evidente. Que la respuesta de género a la violencia de este tipo se suma a la respuesta a otras formas violentas —intrafamiliar, machismo, discriminación en el empleo, acoso en el trabajo o en la universidad— crea un torrente difícil de atender adecuadamente, es inocultable.

Dijimos en estas páginas hace un poco más de un año que las experiencias de gobiernos de izquierda en América Latina mostraba que suelen enfrentar el reto de ser rebasados por su izquierda. Esta puede ser ideológica, militar, política, social o cultural. Por definición, el fenómeno es imprevisible; de poder vaticinarse, se evitaría. Le llegó ese momento a López Obrador. Vemos que su agilidad para atenderlo deja mucho que desear.