A fin de que la corrupción se defina de manera clara, se rediseñe el sistema de responsabilidad de funcionarios y se puedan tipificar este tipo de delitos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo un llamado al Senado de la República a discutir de manera amplia la iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3.

El Presidente nacional de COPARMEX, Gustavo A. de Hoyos Walther, confió en la sensibilidad social de los senadores de la República para que hagan suya la propuesta y ésta sea una de las piezas torales del Sistema Nacional Anticorrupción.

Recordó que esta iniciativa se encuentra integrada por una centena de artículos, la cual fue desarrollada técnicamente por los equipos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, con un amplio respaldo social, especialmente a través del despliegue territorial de los Centros Empresariales de COPARMEX.

Abundó que luego de una intensa campaña en apoyo a la iniciativa se logró reunir 291 mil 467 firmas, superando el requisito mínimo legal de 120 mil rúbricas, lo que confirma el apoyo e interés de la ciudadanía para combatir la corrupción.

“No es casualidad, que el clamor social para combatir la corrupción, haya tomado cauce con la preparación, desde la sociedad, de una propuesta de iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas”, expresó De Hoyos Walther.

Contar con un Sistema Nacional Anticorrupción en plenitud, continuó, es uno de los mayores imperativos para superar las debilidades de nuestro estado de derecho.

“Aquí hago patente mi reconocimiento a los Centros Empresariales y Asociaciones, que en sus establecimientos, eventos e incluso en la calle, salieron a sumar voluntades y firmas, para combatir el flagelo de la corrupción”, afirmó el presidente nacional de la COPARMEX.

Finalmente, De Hoyos Walther indicó que el organismo a su cargo estará atento al proceso de armonización de las legislaciones estatales en torno a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en las 26 entidades federativas que aún no han concluido dicho proceso.