Andrés Manuel López Obrador aprovechó el cierre de año para hacer una evaluación general de la situación económica del país. Así, el presidente López aseguró: “No aumentarán impuestos, las gasolinas, el diésel, el gas, la luz al inicio del año…No van a haber sorpresas desagradables para el año próximo en lo económico”.

Realmente hago votos porque así sea, sin embargo, mantengo mis reservas ante la latente guerra comercial entre Estados Unidos y China, la amenaza de una recesión económica global y un inadecuado manejo de las finanzas por parte del Gobierno federal. Sin embargo, deseo equivocarme.

Tal parece que Jaime Bonilla asume que literalmente gobierna un estado libre y soberano, pues contrario a lo anunciado por su (¿ex?) amigo y mentor político AMLO, en Baja California se aprobó el incremento de los impuestos a espectáculos y sobre la nómina, lo cual pareciera estratégicamente dirigido al sector empresarial, como si se tratara de un revanchismo.

Tengo la impresión de que los legisladores locales de Morena aspiran a ser el “Robin Hood” bajacaliforniano, y argumentan su voto con quitarle a los ricos para darle a los pobres. Actitud que deja en claro su desconocimiento, falta de experiencia en la administración pública y -tal vez- exceso de obediencia, pues, si bien las arcas privadas se verán afectadas, el mayor impacto recaerá sobre el bolsillo de los ciudadanos, tal y como lo argumentó diputado David Ruvalcaba (PRI), asegurando que dicho aumento repercutirá directamente en el costo de los boletos, es decir, lo pagará la sociedad.

Mientras, Rodrigo Otañez (PBC) dijo estar convencido de que incentivar y apoyar al sector productivo es la mejor forma de beneficiar a la sociedad, algo que llamó “desarrollo económico integral con visión social”. Sin embargo, a pesar de que los organismos empresariales expresaron su preocupación previamente, tal parece que solo fueron escuchados por las bancadas de oposición en el Congreso local.

El gobierno estatal ha demostrado en múltiples ocasiones que se asume como “dueño de la verdad”. Primero el silencio ante la acusación de los polémicos “moches”, que bien pudiera entenderse como una estrategia, aunque también recordemos que “el que calla otorga”. Incluso no faltó el priista que dijera: “Que no nos achaquen al muerto”; sin embargo, los señalados de corrupción no solamente siguen flanqueando a Bonilla, sino que les dio su “espaldarazo”.

Además, recientemente el gobernador reprobó la ausencia de los titulares de la Delegación del Gobierno Federal en Baja California y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en uno de sus eventos. Por favor, alguien recuérdele que: ¡no forman parte de la administración estatal! ¡Ni son sus empleados! Tal vez quería más aplausos.

Ahora vienen más impuestos y la intentona por desacreditar a quienes difieren, basta recordar el encontronazo con el Semanario Zeta y con la Coparmex. Pero ¿qué no se supone que vivimos en un Estado de derecho? Hasta donde tengo entendido, tanto la Constitución federal como la local garantizan la libre expresión, asociación y petición.

Por ello, no encuentro cabida a la expresión: “que se hagan a un lado para que la gente pueda salir adelante”. No me queda claro a qué gente se refiere, lo que sí deja de manifiesto es su grado de intolerancia. Por ello me refiero al trabajo de Karl Popper, quien en 1945 aseguró que, para que una sociedad sea realmente tolerante, debe ser intolerante con la intolerancia. Algo que describió como la “paradoja de la tolerancia”.

Post Scriptum. “Todos los que ganan poder, temen perderlo”.

* El autor cuenta con una maestría en Comunicación Estratégica y es doctorando en Derecho Electoral.

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