El delegado estatal de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, Esteban Capella Ibarra, lamentó el clima de inseguridad que se está viviendo a nivel nacional y sentenció que en Baja California las situación no es diferente, máxime cuando las autoridades encargadas de la procuración e impartición de la justicia, “ya ni la cara asoman si no es para eventos sociales”.

Capella se refirió en concreto a la noticia difundida recientemente de un poblado perteneciente a la cabecera municipal de Jerez, en el estado de Zacatecas, en donde la Guardia Nacional “amablemente” escoltó a los pobladores para que huyeran del lugar porque el gobierno no tiene la capacidad para garantizar la seguridad persona ni el derecho a la propiedad privada ante el crimen organizado.

Indicó que el constante desvío de la atención y la concentración de la autoridad en hechos intrascendentes, ha provocado que se den una serie de situaciones de gravedad y que sean desatendidas, como el desplazamiento de ciudadanos por la violencia lo mismo en Guerrero que en Michoacán, y ahora en Zacatecas y en otras entidades de la República Mexicana.

El delgado de la Academia Mexicana de Derecho Penal en Baja California afirmó que en los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador ya se ha contabilizado el mayor número de muertes violentas en el país con 113 mil 500, “y las autoridades no logran adquirir la suficiente conciencia como para hacer algo diferente para frenar este fenómeno de violencia que estamos viviendo”.

Sentenció que la paz social y la garantía de seguridad son los pilares fundamentales que requiere una sociedad para poder avanzar y desarrollarse, y enfatizó que en Baja California la situación no es diferente, pues los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos “ya ni la cara asoman, y si lo hacen es para eventos que tienen una connotación más social que de trabajo en la procuración de la seguridad y la justicia”.