De acuerdo con estudios recientes del Laboratorio Mundial de la Desigualdad, en México 10 por ciento de la población concentra hasta 79 por ciento de todos los bienes y el capital existentes, al mismo tiempo que la mitad de los habitantes de menores ingresos no tienen posibilidades de hacerse de ningún tipo de patrimonio.

Así lo destacaron los participantes en un conversatorio sobre el tema, quienes señalaron que esta situación demuestra la urgencia de establecer un impuesto a la riqueza, mediante el cual se recauden mayores recursos para el erario que sirvan para financiar los servicios públicos de salud, educación, vivienda y seguridad social.

Durante el foro, organizado ayer por la Alianza contra la Desigualdad México, Iván Benumea, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, subrayó que la acumulación de riqueza extrema “le resta posibilidades de desarrollo al resto de la población”, por lo que es necesario que los multimillonarios “paguen lo justo y esos niveles de concentración se reduzcan”.

Luego de enfatizar que el escenario de desigualdad en México es “alarmante”, el especialista en política fiscal indicó que en México históricamente se han recaudado muy pocos impuestos, como parte de un esquema diseñado para favorecer a la élite política y económica del país, lo que da lugar a un “Estado chico” que no logra cumplir con sus obligaciones básicas.

Salida fiscal

Algunas de las acciones urgentes para modificar esta situación, estimó, son fijar gravámenes para los propietarios de acciones; hacer reformas para reconocer legalmente que los impuestos deben tener un propósito redistributivo; mejorar la recaudación en estados y municipios, y desaparecer los “huecos” legales que permiten la evasión fiscal.

Por su parte, Mitzy Violeta, de la organización civil Futuros Indígenas, subrayó que el actual esquema de acumulación capitalista beneficia únicamente al decil económico más alto, al mismo tiempo que promueve una dinámica de “violencia y despojo” en contra de los pueblos originarios en particular, que son quienes más padecen los efectos del cambio climático.

Mariana Mancilla, del colectivo Redefine México, puntualizó que gravar las fortunas más grandes del país permitiría brindarle mejores servicios públicos a todos los habitantes, en particular los relacionados con la salud sexual y reproductiva, para garantizar acceso a métodos anticonceptivos y abortos seguros.

De igual forma, Juan Pablo Chávez, de Techo México, indicó que los recursos que se podrían obtener de los impuestos a los ricos serviría para documentar la situación de los asentamientos irregulares y buscar posibles soluciones de vivienda.

FuenteLa Jornada

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