Este lunes escribí en esta columna acerca del gran show mediático en el que, desde ahora, se está convirtiendo el juicio a Emilio Lozoya. No podría ser diferente. Se trata de un bocatto di cardinale para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sólo le permite desviar la atención de los enormes problemas que está atravesando el país, sino que también esta trama de corrupción es perfecta para la narrativa lopezobradorista de que todo en el pasado estaba podrido y se requería, por tanto, una regeneración de la vida pública del país.

Yo no tengo duda que el caso de Lozoya será usado políticamente por el gobierno. Le van a sacar todo el jugo posible. Ni modo: así es la política.

Pero recordemos que también está el lado más importante de esta historia: el jurídico.

Este caso representa una enorme oportunidad para enseñarnos que las cosas sí pueden ser diferentes en nuestro país. Que sí se castiga y van a la cárcel los corruptos que abusaron de su poder, incluyendo a un exdirector de Pemex, exsecretarios de Estado e, incluso, expresidentes de la República. Ahí sí que estaríamos hablando de un cambio estructural, de fondo, del régimen político mexicano.

Pero para ello se requiere un juicio ejemplar porque Lozoya, por el momento, es inocente, hasta que la Fiscalía compruebe lo contrario y un tribunal del Poder Judicial le dé la razón.

A diferencia del pasado, hay condiciones para hacerlo.

Para empezar, como bien ha dicho Javier Tello, el exdirector de Pemex está dispuesto a hablar y cooperar con la Fiscalía General de la República (FGR).

En el pasado, los poderosos que eran detenidos por la “justicia” (Díaz Serrano o Elba Esther Gordillo, por ejemplo) se callaban la boca. Estaban dispuestos a pasarse un buen tiempo en la cárcel en lugar de entregar la evidencia para perseguir judicialmente a otros peces más gordos.

Lo de Lozoya, en este sentido, es diferente. No lo habíamos visto nunca en el México contemporáneo. Un exfuncionario del más alto nivel soltando la sopa con el fin de conseguir un mejor trato de las autoridades judiciales para él, su esposa, madre y hermana.

¿A quién involucrará Lozoya? ¿Caerá el todo poderoso exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray? ¿El estiércol alcanzará al expresidente Peña? ¿Veremos a empresarios multimillonarios tras las rejas?

Todo depende de qué tan bien haga su trabajo la FGR y aquí encontramos otra diferencia con el pasado. Ahora tenemos una Fiscalía que, supuestamente, es autónoma del Poder Ejecutivo federal. El Ministerio Público ya no está subordinado al Presidente. Y vaya que, en el pasado, los presidentes utilizaron a sus procuradores para premiar y castigar a aliados y adversarios con un criterio meramente político.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene la enorme oportunidad histórica de demostrar que esta autonomía no es de papel, sino una realidad. Que, al margen del inevitable uso político-mediático que se haga del juicio de Lozoya, las autoridades acusadoras presenten un caso jurídicamente sólido basado no sólo en testimonios, sino también en evidencia empírica. El prestigio de Gertz está en juego. Sin exagerar, puede pasar a la historia como el primer gran fiscal auténtico y autónomo de nuestra República.

Otra diferencia con el pasado es que será el primer juicio de alto perfil político que se llevará a cabo con el nuevo sistema acusatorio.

Antes, los ciudadanos no nos enterábamos de los intríngulis de un juicio. Todo era un misterio escondido en mares de papel. Nadie sabía, salvo los jueces, y muchas veces ni ellos, quién había presentado los mejores argumentos y pruebas. Si iba ganando la Fiscalía o la defensa del indiciado.

Ahora las cosas serán diferentes. Veremos un juicio oral y público. Podremos seguirlo cotidianamente. Los expertos jurídicos podrán hacer análisis ipso facto de lo que está ocurriendo. Los jueces deberán estar presentes y enseñarle al público que tienen la voluntad y capacidad para asegurar que se cumpla con el derecho al debido proceso del inculpado.

En suma, el juicio de Lozoya, el verdadero, el jurídico, podría convertirse en un parteaguas para la justicia mexicana. Y, sobre todo, en un caso ejemplar para enseñarnos que la corrupción sí se castiga en México como debe hacerse, es decir, en los tribunales del Poder Judicial y no en el de la opinión pública.

 

Twitter: @leozuckermann