Luis Millán presidente de la Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar (CEFAB), criticó la indolencia del gobierno estatal por marginar a este organismo y pidió a Marina del Pilar Ávila Olmeda volver al trabajo en conjunto.

Representantes de Organismos de la Sociedad Civil (OSC´s) en Baja California, lamentaron que a consecuencia de la indolencia del gobierno del estado se han visto afectadas las operaciones de buena parte de organismos que atienden a personas con adicciones, adultos mayores, casas hogar y a migrantes, principalmente.

Millán Linares, presidente de la Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar (CEFAB), detalló que desde hace poco más de dos años que se han quedado solos a atender a personas en estado de vulnerabilidad y situación de calle.

“Otro dato que ejemplifica dicho abandono es que de mil 400 organizaciones civiles registradas se redujo el catálogo estatal que empadrona a las asociaciones civiles a la cifra e 850 aproximadamente, esto debido a los requisitos que impuso la actual administración estatal”.

Los presentes criticaron la postura del gobierno del estado por el incumplimiento a la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social de Baja California con su Reglamento, pues en el mes de enero el gobierno del estado emitió una convocatoria para conformar un Consejo de organismos civiles, cuando la mesa directiva del CEFAB aún se encuentra vigente.

Al mismo tiempo, pidieron a la gobernadora electa Marina del Pilar considerar el trabajo en conjunto para atender a personas en situación de contexto migrante, de calle y de drogadicción principalmente, pero sobre todo el respeto a la Ley que regula las asociaciones civiles en Baja California.

Por su parte, Guillermo Montaño García, presidente del Consejo Mexicano de la Familia (CMF), informó que pese a haber entregado pasado 26 de agosto una carta al diputado presidente del Congreso, Juan M. Molina, para generar reunión junto con los legisladores presidentes de las comisiones de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Derechos Humanos, Hacienda y Presupuesto, Salud, Seguridad Pública y Protección Civil, no han recibido respuesta.

“Proponemos que el gobierno estatal reciba, escuche y atienda nuestras propuestas en temas importantes como migrantes, adultos mayores, adicciones, niñas, niños y adolescentes, violencia intrafamiliar, seguridad, entre otros para que las políticas públicas sean más eficaces más acciones y más sociedad”, enfatizó Guillermo Montaño.

Eleazar Abundis Almanza, presidente de Consejo de Centros de Rehabilitación explicó que cuando no había centros de rehabilitación fallecían las personas con problemas de adicción a los 15 días, ahora en con la ayuda de dichos centros, sus vidas se pueden salvar e incluso se han convertido en personas que regresan a tener una vida estable.

Destacó que actualmente 8 de cada 10 personas que llegan a los centros de rehabilitación utilizan fentanilo, y llegan ya con daño cerebral, por lo que son personas que por el resto de su vida tendrán que utilizar tratamiento y terapia psiquiátrica.

Eleazar Abundis argumentó que la descomposición del tejido social es una de las causas de drogadicción y que en los centros de rehabilitación también han detectado que cientos de migrantes se vuelven adictos al no tener una estabilidad emocional y económica, indicó que en Baja California hay aproximadamente más de 200 centros de rehabilitación, pero que ya son insuficientes por la creciente demanda.

En cuanto al tema de atención al migrante, Tomás Diosdado Vargas, representante de la casa del migrante Alfa y Omega, de Mexicali, resaltó la importancia de que el gobierno del estado no los deje solos, ya que son las asociaciones civiles las primeras respondientes para atender a los migrantes, “tengo conocimiento que están por llegar más de un centenar de personas provenientes de Michoacán desplazados por la violencia que vive ese estado, entre ellos vienen niños también”.

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