Cuando Milton Friedman propuso en Capitalismo y libertad (1962) un impuesto negativo, casi toda la población adulta de los Estados Unidos presentaba declaraciones fiscales. Según el libro, si el ingreso anual gravable resultaba de 10,000 dólares, estaría exento. Si mayor, el impuesto sobre el excedente sería de 20% (tasa única, sin deducciones). Si menor, el impuesto sería negativo: el causante recibiría del fisco la cantidad necesaria para completar 10,000 dólares. En contrapartida, el welfare state (servicios médicos, educativos, etc.) sería desmantelado.

La idea no fue aceptada, y menos aún en los países (como México) donde pocos presentan declaraciones, y el grueso de los impuestos se recauda por otras vías (la nómina, las bebidas alcohólicas, el comercio exterior, el IVA). Pero el libro difundió la importancia de simplificar la recaudación de impuestos y el gasto público. Fue traducido a 18 idiomas y vendió más de medio millón de ejemplares.

En México, el nuevo régimen se ha lanzado a recortar el gasto público y desmantelar las burocracias que lo administran, para entregar directamente los recursos a la población beneficiaria de servicios o subsidios públicos. Es una buena idea, con limitaciones. No sería bueno desmantelar los semáforos y repartir el ahorro entre los peatones y automovilistas. Y los recortes no deben ser trasquiladas sin ton ni son. Un Estado obeso (como antes se decía) necesita dietas con plan, distingos, preparativos, cuidado y persistencia.

Por el contrario, es mejor que la ayuda en efectivo sea indiscriminada y no esté asociada a los recortes. Calificar a cada uno de los beneficiarios resulta costosísimo: requiere ejércitos de calificadores que visiten, entrevisten y juzguen, casa por casa. Se presta a la arbitrariedad y a la corrupción.

Y puede tener consecuencias inesperadas. En los Estados Unidos, una ayuda a las madres abandonadas provocó abandonos, porque un padre desempleado ayudaba a su familia abandonándola, para que pudiese recibir el apoyo. En México, la ayuda a los adultos mayores en el Distrito Federal provocó el desarraigo de ancianos que se habían quedado en su pueblo. En vez de enviarles dinero, sus hijos los traían para cobrar.

El reparto en efectivo de una pequeña parte del ingreso nacional no requiere un padrón de grandes costos (incluso políticos, porque puede ser visto como propaganda y reclutamiento clientelar). Basta con aprovechar el padrón ciudadano más completo y actualizado que jamás se ha tenido. La credencial de elector puede servir, no sólo para votar, sino para cobrar en los bancos la cantidad anual de reparto (igual para todos) que establezca el presupuesto federal.

Hacer un Censo de Bienestar para focalizar el reparto estigmatiza. Te vamos a dar una credencial de fregado, donde conste que necesitas ayuda. Y el censo, ¿se levantaría una sola vez? Las situaciones cambian. Algunos llegan a la edad o a la necesidad de ser calificados, otros dejan de necesitarlo, porque mejoran, mueren o se van del país.

Compárese con las resonancias positivas, igualitarias y nada paternalistas de afirmar: Tú eres socio de la sociedad, un ciudadano con derecho a votar y a participar en un pequeño porcentaje de lo que todos producimos juntos: el producto nacional. Lo que ganes por ti mismo es tuyo y, aparte, recibirás un dividendo del resultado colectivo, por el mero hecho de ser ciudadano.

Suponiendo un PIB por habitante de $200,000 en 2019, el 3% daría $6,000 por ciudadano. No es una cantidad despreciable. Una máquina de coser cuesta la mitad, y con la otra mitad se puede poner en marcha el capital de trabajo de una costurera. Cabe decir lo mismo de una bicicleta de carga para vender tamales o servicios de afilador, así como del paquete de herramientas para un oficio. Para millones de ciudadanos, $6,000 anuales serían una bendición.

El trámite sería mínimo. Una vez al año se anunciaría en la televisión y otros medios la cantidad, digamos $6,000. El ciudadano que la quiera cobrar (habrá algunos que la desprecien) acudiría al Banco del Bienestar o a cualquier otro que le convenga (de la banca que acepte participar) y presentaría su credencial de elector. El banco avisaría a la Secretaría de Hacienda, que autorizaría el pago en el acto (automáticamente, desde una computadora fiscal que lleve el control de una sola autorización por credencial de elector). El banco pagaría al ciudadano y cobraría a Hacienda el reembolso de los pagos que haya hecho.