Factores como la llamada “guerra contra el narcotráfico” y otros conflictos armados internos en México, desplazan de su lugar de origen hasta un millón 700 mil personas, según dato de la encuesta sobre la percepción de violencia, convirtiéndose en el país que más solicitudes de asilo requiere a Estados Unidos.
La violación constante a sus derechos humanos, la delincuencia organizada y disputas de tierras, entre otros, en estados como Chiapas, Michoacán y Guerrero, principalmente, son una reacción a situaciones extremas como el desplazamiento forzado, y evidencian la imposibilidad de garantizar la vida por parte de cualquier instancia gubernamental.
Ante esta problemática Gabriela Navarro, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana llevó acabo su tesis de investigación“Desplazamiento Forzado en México con Especificidad de Género a Consecuencia de la Violencia Generada por la Delincuencia Organizada”, con la cual recientemente obtuvo el título de Doctora en Derecho por parte del Instituto de Posgrado en Ciencias Penales y Política Criminal (INPOCIPE) con la aprobación del Dr. Eliseo Muro, Dr. Nimrod de Mihael Champo de la UNAM y la Dra. Teresa Fernández de Juan de COLEF como sus sinodales.
“La ventaja de visibilizar el tema del desplazamiento forzado interno es sensibilizar y reconocer la problemática, a efectos de realizar acciones concretas y disminuir su impacto negativo, es útil analizarlo desde una perspectiva de género porque permite darnos cuenta que el desplazamiento se vive de diferentes maneras según sea el género; ejemplo, al asumir la jefatura de familia y al evaluar la falta de oportunidades, de reconocimiento y de políticas públicas para la mujer que migra”,detalló.
A través de su investigación, la ahora Doctora en Derecho Gabriela Navarro, destacó la importancia de visibilizar la problemática del desplazamiento y realizar censos confiables cualitativos y cuantitativos desagregados por sexo, así como, realizar campañas preventivas de los estados expulsores para minimizar los riesgos de las personas desplazadas.
Por otra parte, dentro de sus recomendaciones planteó el crear un marco normativo federal, estatal y municipal con su respectivo programa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas, finalizó.
