Dentro de pocos días, México podría tener un régimen político muy distinto al actual, uno, que según analistas consultados por DW, implica un gran retroceso democrático.
El cambio se operó con agilidad de parte del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), vencedor de las elecciones de junio de 2024.
Tres meses después, en septiembre, ya con un Congreso con amplia mayoría a su favor, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador introdujo una controvertida reforma constitucional judicial.
El principal punto prevé la elección por voto popular de todos los altos jueces, unos 1.700 en total, luego de una preselección por un comité de expertos dominado por el partido gobernante.
Hacia la sumisión de la Justicia
«El objetivo de esta reforma es centralizar el poder», opina Carlos Elizondo, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, en entrevista con DW.
Algo que se confirmó por el proceso precipitado y la nula disposición de Morena a introducir modificaciones o negociar con la oposición. «Ya no habrá contrapesos», coincide por su lado el historiador José Antonio Crespo.
También Yomara Guerra, politóloga doctorada en la universidad de Georgetown, advierte en conversación con DW que «se están constituyendo nuevas reglas de poder en un nuevo régimen autoritario y sin límites.»
A pesar de las protestas de la oposición, una huelga del poder judicial que duró más de dos meses y de advertencias de empresarios, organizaciones civiles y socios comerciales como EE. UU., la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, no solamente avaló el proyecto en octubre, sino que además lo blindó con otra ley, más controvertida aún, que pretende quitar a la Corte Suprema la facultad de decidir sobre la constitucionalidad o no de la reforma o parar su entrada en vigor (bajo la figura del amparo judicial).
La presidenta, en desacato
No obstante, el próximo martes (5.11.2024), los once jueces de la Corte Suprema se reúnen para decidir sobre la constitucionalidad de esta reforma. Se necesitan ocho votos para rechazarla.
Pero, aunque esto ocurra, Sheinbaum ya dijo que no acatará el fallo, algo que la politóloga Yomara Guerra califica de «claro irrespeto al Estado de derecho». «A partir de ahora, México está dentro del grupo de países con regresiones autoritarias», considera Guerra, también consultora independiente de políticas públicas. La ruptura del equilibrio y del respeto entre poderes «puede poner en riesgo la gobernabilidad del país», advierte la analista.
Los ciudadanos, desprotegidos frente al poder
Por su parte, Carlos Elizondo también ve aflorar una crisis constitucional. «Habrá mucha incertidumbre. Tendremos un poder judicial técnicamente incompetente, donde hasta el crimen organizado puede dar recursos y luego influir en las decisiones de los jueces ganadores», añade Elizondo, también profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), califica la reforma como «un desastre para México». «Será un relajo jurídico y habrá consecuencias por el impacto económico”, advierte, retomando los argumentos de los inversionistas. Y se pregunta que, si ni siquiera la presidenta acata a un fallo de la Corte Suprema, «¿cómo se defenderán contra abusos los inversionistas o cualquier ciudadano?»
Todo esto, además, en el contexto de una crisis de seguridad que se profundiza todos los días y con unas finanzas públicas muy comprometidas
La mayoría no entiende las consecuencias
Sin embargo, la gran mayoría de la población mexicana parece no percibir los peligros. Una encuestadora cercana al Gobierno le adjudicó a Sheinbaum recientemente una popularidad rozando el 70 por ciento.
Esto, sin embargo, puede engañar, advierten los expertos. «La mayoría no sabe las consecuencias que tendrán las reformas constitucionales», opina Crespo.
Yomara Guerra complementa: «En las pasadas elecciones, el 60 por ciento de la población se abstuvo o votó por la oposición», advierte.
«Pero no se manifiestan, no entienden el tema judicial y están bajo la influencia de la narrativa del Gobierno que todas las mañanas les dice que esto beneficia al pueblo.»
¿Por qué la prisa ahora?
No están muy claros los motivos de la prisa, atropellando todos los procesos de concertación democrática. «Ellos quieren institucionalizar su proyecto, marcar la Constitución con su sello ideológico”, considera Guerra.
Elizondo cree que la decisión fue de López Obrador y que «Sheinbaum, o no quiso confrontar a su mentor o considera esto como parte del modelo autoritario que ella quiere».
Crespo sospecha que Morena está siguiendo el libreto del Foro de Sao Paulo, una alianza de grupos y partidos políticos de izquierda con tendencia autoritaria: «Ellos dicen que, para realizar el socialismo, hay que acumular todo el poder, someter a la Corte, los medios, el poder electoral y las instituciones autónomas para concentrar el poder en nombre del pueblo. Exactamente lo que estamos viendo.»
También puede haber un cálculo geopolítico detrás de la prisa: si Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, ambos países entrarían en sintonía a una regresión democrática.
«La apuesta del Gobierno es que su comportamiento se quedará entonces sin castigo internacional», dice Guerra. El próximo martes, se sabrá el desenlace del póker.
