La reforma energética que aprobó la Cámara de Diputados, que tiene un apartado de telecomunicaciones, en el que se declara al internet como un “área estratégica” del Estado, tiene cuatro graves implicaciones, que representan un retroceso para el país.
La Cámara Internacional de Comercio capítulo México (ICC México) manifestó sus preocupaciones sobre la reforma energética del oficialismo que declara a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas y en la cual también se establece que el servicio de internet es un “área primordial” del Estado mexicano.
Según la organización empresarial, de ratificarse en el Senado la reforma y de entrar en vigor tal como está aprobada implicará cuatro graves riesgos.
1 Competencia: se pueden excluir otros operadores del mercado, en beneficio “de manera desproporcionada” del proveedor estatal y en perjuicio del consumidor final. La participación del Estado es legítima, pero tiene que ocurrir en condiciones de igualdad, sin subsidios o ventajas que distorsionen el mercado.
2 Inversión y modernización: un proveedor estatal dominante, bajo condiciones preferenciales, desalentará a la inversión privada en infraestructura, lo que frenará el desarrollo tecnológico del país.
3 Distorsión de mercado: el objetivo legítimo de expandir la cobertura de internet en el país no debe hacerse a costa de la libre competencia. Concentrar el poder en un solo proveedor estatal puede afectar la calidad y accesibilidad de los servicios.
4 Impacto en la calidad de los servicios: una menor competencia entre proveedores puede traducirse en una menor calidad del servicio para los usuarios, ya que los incentivos para mejorar la eficiencia y la innovación se verían limitados en un mercado controlado por un único actor.
Con base en estos razonamientos, ICC México solicita al Senado de la República que se asesore de expertos antes de someter a votación el dictamen turnado por la Cámara de Diputados, en aras de que esta reforma no afecte los principios de libre competencia y derechos del consumidor a un servicio de calidad.
