Se prevé que la reforma judicial sea discutida en el Congreso de la Unión a partir de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.
Entrevista a Eduardo Hernández Sánchez, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
“¿Conviene que un juez tome sus decisiones con base en las mayorías? ¿Esto es, que por temor a ser destituido, removido o que se le finque una responsabilidad se logre, en determinado momento, que el juez doblegue la decisión hacia un lado o hacia el otro? ¡Claro que no conviene! La independencia judicial requiere de características que han sido reconocidas, incluso a nivel internacional”, afirmó Eduardo Hernández Sánchez.
Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, tiene bajo su mando a cinco actuarios, ocho secretarios, 19 oficiales administrativos, un oficial técnico administrativo, una secretaria particular y un oficial (chofer).
En entrevista con El Economista, el juez expuso en su despacho del Palacio de Justicia San Lázaro, tras un recorrido guiado por las oficinas del juzgado en el que explicó cada una de las etapas del trabajo realizado diariamente para “impartir justicia”, su punto de vista sobre las inconveniencias de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, el punto medular de la reforma del Poder Judicial que se prevé aprobar por el Congreso de la Unión en septiembre próximo, que aseguró “aumentará el rezago en la resolución de asuntos”.
“La especialización requiere tiempo, una curva de aprendizaje, capacitación (…) Una decisión fast track, con tal de lograr un cambio, puede perjudicar más al país que beneficiarlo”.
Si se cambia a todos de un jalón, advirtió, “se paralizará” el sistema de justicia, “en lo que llegan los nuevos, conocen el personal (…) Eso puede generar un rezago entre 200 y 300 asuntos por juzgado, y para abatirlo se necesita tiempo”.
Si todos son removidos de golpe perdemos experiencia; si se pretende hacer esto, lo mejor sería un escalonamiento. O por qué no acudir a datos objetivos, ahí están en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) todas las actas de visita, las auditorías para ver cómo ha ido el desempeño de cada uno de los jueces. Y a partir de ahí, de datos objetivos, decidir”.
Género
La reforma, puntualizó, no prevé nada en cuestión de género.
“Hay juzgadoras federales que les ha costado el doble de esfuerzo llegar ahí. Muchas son madres solteras, ejercen su función y atienden a sus hijos. No nos están viendo como ciudadanos”.
El juez, afirmó, no está para ser popular, sino para dar paz social.
Y ofreció cifras concretas de la carga de trabajo en su juzgado durante 2024:
“Hemos recibido 902 amparos, 8,197 juicios civiles, 255 exhortos, en total 9,354 asuntos. Tenemos en ejecución 68 amparos; esto quiere decir que se haga cumplir la sentencia, y 500 asuntos civiles en vías de cumplimiento de sentencia.
“¿Qué pasa con las promociones recibidas en el año?, esos escritos en que las personas solicitan algo, ofrecen una prueba, piden una copia, que les demos una respuesta en cuanto a su asunto; hemos recibido 21,747 promociones (hasta el pasado día 3). Actualmente, sin dictar sentencia y en trámite tengo 307 juicios de amparo, 134 juicios civiles mercantiles y 13 exhortos, que hacen un total, sólo en trámite, de 354 asuntos”.
El Poder Judicial, que se integra por más de 50,000 familias, precisó, “merece tener seguridad de que la decisión que se tome va a valorar cómo nos afecta. Si se trunca una carrera, si se merece una indemnización o si se toman en cuenta datos objetivos para continuar desempeñando una función pública”.
Luego de una explicación detallada de lo que constituye “las tripas del Poder Judicial”, resumió:
“No solamente llegamos, nos sentamos, firmamos y dictamos una sentencia. ¡No! Es todo un proceso de integración, desde hacer la carátula, asignarle un número, hasta dictar un acuerdo que diga: archívese. Y eso es diario”.
