La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha pronunciado por la ilegalidad de las sociedades de autoabastecimiento, coincidieron este jueves analistas y expertos en el sector energético, quienes afirmaron que, en realidad, la actual administración desea eliminar esta figura para que los grandes consumidores industriales que están en ella regresen como clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La Corte no encontró los votos para determinarla inconstitucional”, dijo Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético, en referencia al resultado del análisis de acción de inconstitucionalidad que hizo la Corte referente a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) publicadas el 9 de marzo de 2021.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la mañanera del 21 de abril que el tribual máximo había determinado que la figura de las sociedades de autoabastecimiento era ilegal, por lo que estas sociedades representan un fraude y crearon un mercado clandestino de energía.
Barrios explicó que una de las reformas del 2021, promovidas por el jefe del Ejecutivo, fue la adición del artículo cuarto transitorio que indica que los permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley” pueden ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mediante un procedimiento administrativo, un artículo que la Corte no encontró inconstitucional. “A esto se refiere el Presidente”, apuntó.
Sin embargo, recordó que la publicación de dichas reformas generaron una serie de amparos que, entre otros, terminaron en suspensiones generales, de manera que la LIE de 2021 no es aplicable.
“No se puede hacer nada aún al amparo de lo que diga esa ley porque todavía está suspendida”, dijo a Energía a Debate y agregó que, por el momento, mientras no se acaben esas suspensiones, la Ley que está en vigor es la publicada en 2014.
Por su parte, Víctor Ramírez Cabrera, especialista energía y vocero de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE), comentó que hasta el momento ni la administración del presidente López Obrador, ni la propia CFE, han podido demostrar la ilegalidad de la figura del autoabastecimiento.
Incluso, recordó que, tanto el mandatario federal como la empresa estatal, han dicho que tales contratos son “inmorales” aunque son legales.
“De ilegalidad no han podido hablar, no han podido llevar a cabo un proceso en el que demanden esta ilegalidad”, afirmó.
Barrios y Ramírez de igual manera coincidieron en que en el fondo de los intentos por desaparecer esta figura legal se encuentra la necesidad de regresar a los grandesCFE consumidores de energía a ser clientes de la CFE bajo el mando de Manuel Bartlett Díaz, toda vez que esta empresa tiene problemas financieros.
“La lógica de la reforma”, dijo Barrios, consejera fundadora de Voz Experta. “Necesito más ingresos, entre otras razones, porque cada vez más tengo más costos”.
Abundó en que la CFE, en lugar de combatir las razones por las cuales aumentan sus costos y de procurarse ingresos en las áreas en donde no tiene competencia –como Transmisión y Distribución–, a fuerza quiere sacar el ingreso de las áreas donde sí hay competencia, como generación. “Esto para compensar el alza en costos que esta administración disparó”, subrayó.
CRE vs CRE
Un aspecto que llamó la atención de la política de la actual administración con respecto a los autoabastecedores es que el artículo cuarto transitorio referido mandata que será la Comisión Reguladora de Energía quien revise los contratos que operan en fraude a la ley.
Una vez que entre en vigor al terminarse las suspensiones generales, la CRE deberá llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes para revisar y, en su caso, determinar qué permisos de autoabasto deberá revocar, pero los permisos los otorgó ella misma.
“La Comisión tendrá que evaluar –una cosa un poco rara de entender para mí– cómo es que los permisos que la misma Comisión dio, los dio en fraude a la ley. Eso es algo muy raro”, compartió Barrios con este medio.
También dijo que no quedan claros cuáles serán los criterios que ese organismo regulador aplicará para hacer dicha revisión y, sobre todo, para determinar cuáles operan “en fraude a la ley”.
El presidente López Obrador expuso en su conferencia de esta mañana que existen unos 110 contratos “ilegales” de autoabasto, de un total de 234 que engloban a unos 77,000 socios.
En este punto, los dos analistas concordaron en que, al final de cuentas, deberá ser el Poder Judicial, y no el Ejecutivo, quien determine la legalidad o no de los contratos. Esto aún no ha sucedido.
“Hubo solicitud de CFE de revisión de algunos contratos de autoabastecimiento a la CRE y eso fue hace uno o dos meses”, refirió el vocero de PMCE. “Fueron permisos otorgados por la CRE y fueron otorgados bajo los principios de legalidad. Entonces, el artículo está mandando que revisen lo que en teoría debieron haber revisado”, abundó.
“Qué bueno que lo revisen, pero no ha habido una sola declaración de la Corte, como dice el presidente, de que son ilegales. Es algo totalmente fuera de la realidad”, concluyó.
