El Colegio de la Frontera Norte, el Instituto de las Américas y Pronatura Noroeste están llevando a cabo el proyecto Evaluación de las necesidades comunitarias de Baja California y mapeo de las partes interesadas enfocado en la pobreza, el acceso y la inclusión energética. Uno de los objetivos que buscamos con este proyecto es conocer cómo viven las personas que no cuentan con electricidad en sus viviendas, situación que conocemos como pobreza energética extrema. Cabe destacar que el acceso universal a la electricidad es una meta incluida en el Objetivo 7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible impulsada por Naciones Unidas. México, al igual que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, aprobó esta agenda mundial y se comprometió a alcanzar dicha meta.
En Baja California 99.3% de las viviendas cuentan con electricidad, es decir, se está cerca de alcanzar el acceso universal, sin embargo, hay todavía cerca de nueve mil viviendas cuyos habitantes no tienen acceso a los servicios que brinda este energético. De este total, 27% se encuentran en Ensenada, 25% en Mexicali, 22% en Tijuana, 19% en San Quintín, 4% en Rosarito, y 3% en Tecate. Después de aplicar una encuesta representativa a nivel estatal, así como una serie de grupos focales y talleres de trabajo, pudimos comprender a mayor detalle la importancia que tiene la energía eléctrica para nuestro bienestar y calidad de vida. Pero también nos dimos cuenta de la urgencia por emprender acciones y políticas públicas que reviertan la situación de precariedad de los pobres en energía en Baja California.
¿Podemos imaginar cómo sería nuestra vida sin electricidad en nuestras viviendas? Veamos lo que nos comentaron los que se encuentran en esa situación. Por ejemplo, comprar todos los días el alimento que necesitamos ya que no lo podemos conservar en el refrigerador; destinar tiempo valioso en lavar la ropa a mano cuando llegamos cansados del trabajo por las tardes; aceptar el hecho de que nuestros hijos no pueden llevar a cabo sus trabajos escolares porque no pueden usar la televisión y/o no tenemos el servicio de internet fijo, o, en el mejor de los casos, usar internet móvil cuando tenemos “datos” en nuestro teléfono celular; no poder refrigerar la insulina que usan los enfermos de diabetes; o usar velas en la noche, preocupándonos siempre de nuestra seguridad por un posible accidente.
Ahora bien ¿por qué hay familias que no tienen acceso a la electricidad? Si bien esta pregunta parece una perogrullada, no lo es. La casi totalidad de estudios que abordan este tema aluden que se debe a la pobreza de ingreso o a la ubicación inaccesible de las viviendas, muy alejadas de los núcleos de población. Y si bien esto es en parte verdad, nosotros encontramos que el principal problema en Baja California es la ilegalidad, ya que poco más de cinco mil viviendas sin electricidad no tienen escrituras y/o se encuentran construidas en asentamientos irregulares.
Ante este escenario habría que considerar que, para reducir la pobreza energética extrema y alcanzar la meta de acceso universal a la electricidad en Baja California, se requiere diseñar e implementar un plan de acción en el cual participen todos los actores interesados en alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo, es decir, todos los niveles de gobierno, sector privado, organizaciones no gubernamentales y, en general, la sociedad civil en su conjunto. Sólo de esta manera haremos honor al lema de la Agenda 2030: ¡Que nadie se quede atrás!