Todo indica que la siguiente reforma constitucional en aprobarse será el traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Morena y sus aliados ya cuentan con el voto 86 en el Senado para asegurar la mayoría calificada. Ayer se publicó la foto de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recibiendo al coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, y el “finísimo” senador por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora panista que, claramente ya se pasó a las filas del oficialismo para que lo dejaran de perseguir judicialmente y, a lo mejor, cual si fuera conde, usufructuar el “condado” de Boca del Río para beneficio de su familia.
La reforma de la Guardia Nacional hará de jure lo que ya existe de facto. Esta institución, en los hechos, ya depende de la Sedena. No así legalmente, porque la Suprema Corte declaró ilegal el traspaso a esa dependencia castrense, ya que la Constitución ordena que la seguridad pública debe estar al mando de civiles.
No más. Ahora, el oficialismo modificará la Constitución y el asunto quedará zanjado. López Obrador se irá con lo que siempre quiso: la militarización de la seguridad pública de jure y de facto.
La militarización no ha solucionado el problema de inseguridad. No lo hizo con Calderón, no lo hizo con Peña y no lo ha hecho con López Obrador. Si nos atenemos a los números de delitos, en particular los homicidios dolosos, esta estrategia ha fracasado.
Cito un reporte de la consultora Lantia Intelligence, que dirige el experto en seguridad pública, Eduardo Guerrero, de 2021: “La incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena no sería una mera formalidad. Resultaría trascendente, pues haría sumamente difícil que, en el futuro, otro gobierno intentara devolver a manos de civiles el mando efectivo de la corporación”.
He ahí el quid del asunto: cómo quitarles a los militares todas las tareas de gobierno que les ha entregado López Obrador, pero que les corresponde a los civiles.
Nunca un Presidente, desde que los civiles tomaron el poder en México con Miguel Alemán en 1946, les había dado tantas responsabilidades al Ejército y la Marina como López Obrador. Han sido sus instituciones preferidas.
Además de otorgarle, en los hechos, el control de la seguridad pública, les ha encargado la construcción de varias obras: el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, otro en Tulum, los cuarteles de la Guardia Nacional, las sucursales del Banco del Bienestar y dos tramos del Tren Maya.
Además, operan los aeropuertos de Santa Lucía y de la Ciudad de México, están a cargo de la administración de las aduanas, puertos y la aeronáutica civil de todo el país. Amén de la distribución de bienes públicos, como libros de texto gratuito, fertilizantes, árboles y vacunas.
México está en el camino de convertirse en un país donde las Fuerzas Armadas producen varios puntos del Producto Interno Bruto, tal y como sucede en Egipto o Paquistán. El problema es que, luego, no hay manera de sacarlos de todas estas labores que les dejan poder, prestigio y dinero. Porque, aunque sirvan a la patria, los soldados también son seres humanos que defienden sus intereses. Y para ello cuentan con algo muy poderoso: las armas.
Como dice el reporte de Lantia, en cuanto la Guardia Nacional pase a la Sedena, será prácticamente imposible dar marcha atrás; las Fuerzas Armadas lo tomarían como una afrenta.
Si al menos hubiera funcionado la militarización de la seguridad pública, uno estaría dispuesto a tragarse un sapo de ese tamaño. Los resultados positivos lo justificarían. Pero no ha sido el caso. La realidad es que los militares no han podido resolver el problema. Persisten los altos niveles de violencia.
Tan sólo hay que ver lo que está sucediendo en Sinaloa estos días y la aceptación del comandante de aquella zona militar que ellos no pueden con el paquete. “No depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos”. Ah, bueno.
Es el peor de los mundos: un modelo militarista que ha fracasado, ahora legalizado en la Constitución y que sería casi imposible de echar para atrás.
Termino con una noticia positiva. El reporte de Lantia informa: “La operación de la Guardia Nacional no ha propiciado, como se temía inicialmente, un aumento de las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos. De hecho, durante el actual gobierno se ha observado una disminución en el uso de la fuerza letal por parte de las instituciones federales de seguridad. Un indicador al respecto es el porcentaje de masacres con participación de autoridades, que en 2018 fue del 15.5 %, se redujo al 11.5% en 2020”.
Por lo menos.
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