- La debilidad de la economía mexicana es exacerbada por la reforma judicial.
- La inestabilidad creada por la reforma limita nuestro crecimiento y podría llevar a una recesión.
- El inicio del próximo gobierno será altamente retador, que inicia con el pie izquierdo.
Tras la aprobación de la reforma judicial (a la que le seguirán otras de relativa importancia), las condiciones de por sí ya complicadas que enfrenta el país ponen en duda la viabilidad de la economía que podría acercarse a una situación de crisis en el corto plazo, pero con consecuencias sobre el crecimiento y el desarrollo a largo plazo. El crecimiento anual del PIB en el sexenio ha sido inferior a los promedios históricos, (0.8% anual) y las consecuencias que provoca la reforma nos alejan de obtener un crecimiento que nos permita un mayor bienestar y desarrollo.
La reforma judicial ha generado un entorno económico que pierde dinamismo, especialmente las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Esto se debe a la incertidumbre generada por la percepción de que la seguridad jurídica estaría comprometida, ya se han recibido advertencias por parte de las calificadoras internacionales como Fitch Ratings, Moody’s y S&P sobre un alto impacto negativo en la calificación crediticia de México, lo que aumentaría los costos de financiamiento y reduciría el atractivo del país como destino de inversión.
«La inestabilidad provocada por la reforma jurídica crea un costo muy alto sobre la inversión.»
Las proyecciones de crecimiento han ido reduciéndose durante el año, con una destacada convergencia que señala un crecimiento del PIB de entre 1.2 y 1.5% para 2024 y para 2025 se reducen a un rango de entre 1.0% y 1.2%, previsiones que podrían seguir reduciéndose si la incertidumbre y la desconfianza no encuentran una relativa disipación a través de acciones más contundentes que estimulen la inversión por parte del gobierno entrante. Lo anterior sin soslayar que las condiciones financieras con las que inicia el gobierno electo dan un margen de acción muy estrecho ante la necesidad de integrar un presupuesto óptimo.
Estimular la inversión tanto nacional como extranjera requiere de certidumbre, la cual esta comprometida con las reformas poco o nada consensuadas. La inversión nacional representó de forma directa el 24% del PIB en 2023 y creció en 19.5% anual, generando mucho mayor dinamismo económico, siendo el mayor contribuidor al crecimiento del PIB el año pasado, aportando el 37% del crecimiento logrado en 2023. Sin embargo, con las reformas organismos como el CEESP estiman que el PIB del próximo año se reduciría en 0.55 puntos porcentuales, principalmente debido al aplazamiento de proyectos de inversión y la reducción de exportaciones. Es de resaltar que las actividades productivas del sector privado impulsadas por la inversión generan el 85% del empleo, por lo que para 2025 habría una pérdida causada por la reducción de inversión directa de 60 mil empleos y otros 200 mil empleos indirectos por la reducción al PIB en general.
Por su parte las inversiones extranjeras han mostrado una tendencia de debilitamiento durante el año, especialmente en lo que a nuevas inversiones se refiere, tendencia que se puede agudizar por la cautela expresada por los inversionistas, que han puesto en pausa a sus inversiones ya anunciadas y que podrían no concretarse.
México ha logrado posicionarse como destacado receptor de inversiones en los últimos años, empero las reformas pueden poner en jaque no sólo la capacidad de atraer inversiones sino perder el terreno avanzado. Organismos empresariales como la COPARMEX reportan que ya se comienzan a cancelar algunos proyectos, particularmente del sector automotriz y en las maquiladoras.
No se debe olvidar que en el horizonte esta la revisión del T-MEC que ya se esperaba tendría complicaciones (especialmente derivada del cambio de gobierno de nuestro socio comercial), ahora habrá que incluir la aparente violación del tratado por la reforma judicial, particularmente el capítulo 29, lo que complica aún más el ambiente de la negociación. Tanto la AMCHAM como la COPARMEX han advertido que la falta de independencia judicial podría comprometer la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el T-MEC.
El país queda a la espera de que el nuevo gobierno de respuesta concreta para aliviar la riesgosa situación. En campaña la presidenta electa señaló su intención de apoyar las inversiones privadas y captar inversión extranjera, empero hasta ahora con su apoyo a las reformas está haciendo todo lo contrario. El gobierno está iniciando su sexenio con el pie izquierdo y con el reto enorme de recuperar la confianza perdida en el papel del Estado.
