En recuerdo del licenciado José Manuel Valverde Garcés, mi amigo.

[…] el cumplimiento de la ley […] ha sido siempre mi espada y mi escudo.
Benito Juárez, Apuntes para mis hijos

Para Juárez, la ley era la Ley. Y la república, las libertades y la división de poderes, instituciones sagradas. Por eso, la disolución del orden republicano que está por producirse en la próxima legislatura es una traición a Juárez y su legado.

La llamada reforma judicial confirma el primitivo concepto marxista del presidente sobre el derecho: lo desprecia, lo considera un arma de la burguesía para dominar al proletariado (es decir, al pueblo). Por lo tanto, el delito en sí mismo no existe; el delito desaparecería si se atienden las causas sociales o económicas. En un mundo en que impera la justicia, no hay abogados, jueces, magistrados o ministros. Dado que vamos a ese mundo, quien ocupe los puestos de la Judicatura resulta intrascendente.

Esta aberración no es solo la antítesis política y moral de Juárez. Es una burla. Juárez no ignoraba la pobreza pero, como toda su generación, pensaba que para atenderla había que fortalecer el régimen republicano y el Estado de derecho.

Para llegar a la cumbre que ocupa, Juárez recorrió un largo camino de estudio, preparación y experiencia jurídica. Fue legislador de su estado (1833, 1845) y de la federación (1846). Fue gobernador (1847-1852) y presidente de la república en cuatro períodos sucesivos, de 1858 a 1872. Pero este desempeño estaba fincado en su trayectoria judicial: fue estudiante, lector, catedrático, rector, abogado litigante, magistrado, ministro… todo alrededor del Derecho.

Un sencillo recuento biográfico lo confirma:

1828.- Estudia Jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Cursa las materias de Derecho canónico (de la que sería maestro suplente en 1834), Derecho civil, Derecho público, etc.

1831.- Entra a la práctica en el bufete del Lic. Tiburcio Cañas. Regidor del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca.

1834.- Recibe el título de abogado tras rendir examen de «Jurisprudencia práctica» ante la Corte de Justicia del estado.

1834.- Magistrado en el Tribunal del estado.

1834.- Defiende a los indios de Loxicha contra los abusos de su párroco ante el Tribunal eclesiástico del obispado de Oaxaca.

1839-1840.- Se dedica exclusivamente a la práctica privada de la abogacía.

1841.- La Corte de Justicia del estado lo nombra juez de primera instancia del ramo civil y de hacienda de la capital del estado.

1844.- Es nombrado fiscal segundo del Tribunal Superior de Justicia del departamento de Oaxaca.

1852.- Rector del Instituto y catedrático de Derecho civil. Regresa a la práctica privada (Ralph Roeder, Juárez y su México, FCE, 1972).

1853.- Durante una diligencia judicial en Etla, como defensor del pueblo de Teococuilco, es aprehendido y enviado al exilio.

1853.- Una anécdota en el destierro en Nueva Orleans: «Invitado por un tribunal norteamericano […] la corte acogió su opinión con aprobación unánime y el consultante fue fervorosamente elogiado […]» (Roeder).

1853.- En el destierro repasa sus libros de Derecho: «De las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche se encerraba con sus libros: el Derecho constitucional…» (Roeder).

1855.- Ministro de Justicia e Instrucción Pública. Redacta la Ley Juárez, primera de las Leyes de Reforma, que suprimió los fueros eclesiásticos y militares. Se promulga el 23 de noviembre de 1855.

1856.- Gobernador de Oaxaca. Introduce en la Constitución local el sufragio directo para elegir al gobernador. Sanciona los códigos Civil y Penal del estado.

1857.- Juárez es electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en elección indirecta. Tras el golpe de Estado conservador del 17 de diciembre, se convierte en presidente de la república.

Entre los autores favoritos de Juárez estaba Salustio, autor de La conjuración de Catilina, cuyo tema es el primer intento de destrucción de la república romana. Hoy en México la historia se repite, no con una conjuración sino con un asalto. Es evidente que la elección popular de jueces supeditaría al Poder Judicial al Ejecutivo, destruyendo la república. Si a eso se suma la inminente extinción de los órganos autónomos y el control del INE, la república se habrá perdido.

Si las autoridades electorales no impiden la sobrerrepresentación, la servil legislatura morenista llevará a cabo este crimen. Pero la historia, como en la obra de Salustio, lo consignará con nombres y apellidos.

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