Los países deben asumir deuda para tener crecimiento, y esto se deriva del presupuesto que debe aprobarse entre el ingreso y el egreso de cada año. Al llevar a cabo esta acción, la mayoría de las naciones presentan un déficit, lo cual indica una insuficiencia de ingresos para cubrir el gasto total planificado.
Los ingresos de un país se basan en la forma en que se establecen mercados estructurados con empresas que generan negocios y que, en conjunto con el gasto en el desarrollo económico por parte de la nación, contribuyen a generar un crecimiento en función del producto interno bruto (PIB).
Hoy, el hecho de no tener deuda para completar el gasto corriente no funciona para un país, y no tener déficit dificulta aumentar el PIB. Esto debe ser dominado, en función de tener el control de la economía y de no depender de otros para acceder al dinero que circula en el mundo.
La deuda neta de México aumentó en 1.28 billones de pesos de enero a junio de 2024; al cierre del 2023 era de 14.86 billones de pesos. La evaluación de la deuda como porcentaje del PIB es un indicador que no revela la realidad del problema de cuánto dinero realmente debe un país.
En México, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identifica tres indicadores fundamentales de la deuda pública; los cuales representan todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas de forma directa o a través de sus agentes financieros. En primer lugar se clasifica la deuda del Gobierno federal, la deuda del sector público que incluye las deudas de las empresas productivas del estado (Pemex y CFE), y finalmente el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.
Se llevó a cabo un balance correspondiente al periodo 2018-2024 con datos de la SHCP, y al considerar el acumulado del mes de junio de cada año se constata que:
• La deuda del sector público, incluida la del Gobierno federal, aumentó en un 53 por ciento
-La deuda interna aumentó en un 85 por ciento
• Y la deuda externa subió un 9 por ciento
La conclusión: La deuda neta de México ha experimentado un aumento y esto se debe principalmente a que el déficit del 2018 era de 474 mil mdp, y ahora en 2024 será de 1.74 billones de pesos; y este dinero ha sido cubierto por deuda pública; aproximadamente cinco a seis veces superior al promedio observado entre 2007 y 2017.
El PIB a precios actuales y con datos de la SHCP, Inegi y el Banco Mundial, podemos encontrar que en 2018 era de 24.17 billones de pesos; y al cierre del 2023 a 31.72 billones, lo que se traduce en un incremento del 35 por ciento.
La deuda en el mismo período analizado experimentó un incremento del 37%, desde 10.83 hasta 14.86 billones de pesos. La forma de anunciar la deuda, si aumenta o disminuye en función del PIB en porcentaje de este, solo indica en el momento del acumulado anual, pero no indica la tendencia en dinero real del total que debe un país.
Se ha mencionado en México que la deuda no ha superado el 50% en comparación con el PIB, lo cual es correcto, pero inexacto al hacer un balance económico en función del dinero; debido a que los porcentajes han variado principalmente porque el PIB aumentó en mayor proporción respecto a la deuda del 2020 al 2023.
En 2020, el PIB total era de 24.10 billones de pesos, mientras que la deuda ascendía a 12.02 billones, lo que indicaba un porcentaje del 49.88%. Sin embargo, en 2023, se disminuyó a un 46.86% en relación con el PIB, debido a que este último fue de 31.72 billones y la deuda fue de 14.86 billones de pesos.
En resumen, si se incrementa el PIB, es factible disminuir el porcentaje de la deuda pública en relación con este; lo que da margen a tener un mayor déficit, y esto es una tentación en la que México no debería estar involucrándose.
En 2025, México desea incrementar el gasto y enfocar el 70% del dinero en el desarrollo social, lo cual ocasionará un incremento en el déficit y, por consiguiente, una mayor deuda. Es necesario incorporar a este análisis la propuesta de modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a simplificación orgánica, cambios están siendo discutidos en la Cámara de Diputados. En ellos, se pretende eliminar ciertos órganos reguladores, los cuales contribuyen a asegurar la confianza en algunos mercados en el desarrollo económico del país.
Los órganos reguladores tienen la misión de promover la libre competencia, supervisar el cumplimiento de las normas del sector; promover una mejora en la calidad del servicio y velar por el establecimiento de tarifas razonables y por el respeto a los derechos de los consumidores.
Ante su posible eliminación, quien haría las funciones de estos deberán establecer una coordinación adecuada en la que se instalen para operar, con el objetivo de no generar un conflicto de interés; o simplemente no establecer un piso parejo para los otros entes que puedan entrar en regulación dentro de los diferentes mercados donde estén.
Un ejemplo, podría surgir en el mercado energético, ya que si Pemex y CFE vuelven a ser empresas estatales, como se pretende, podrían caer en un mercado monopólico; y no habría piso parejo para los otros entes que participan en el mercado.
Los órganos reguladores que desaparezcan o se integren a alguna dependencia o secretaria, generarán una distorsión y posiblemente un mayor estrés en los ingresos del país.
Es importante tener en cuenta que el 85% de las exportaciones de México al mundo se envían a Estados Unidos y Canadá, que forman parte del Tratado de Libre Comercio establecido en 2020; y que no es un acuerdo político, sino comercial, donde existen ciertas normas, términos y condiciones que deben cumplirse. En caso de incumplimiento de alguna de las partes en algo que afecte al T-MEC, podría ser complicada la revisión en 2026. Esto puede afectar las entradas de dinero y negocios en México, debido a la incertidumbre que surgirá.
Los cambios planteados por el Ejecutivo, y en discusión en el ámbito legislativo, en el caso de aprobarlos de esta manera, México estaría incumpliendo el T-MEC en el Capítulo 28 sobre SEGURIDAD REGULATORIA; y en el 22 en relación con EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO Y MONOPOLIOS DESIGNADOS.
Lo anterior ocasionaría incertidumbre y una desaceleración del nearshoring, debido a la falta de certeza jurídica. No habría certidumbre en los mercados, ya que no existirían órganos reguladores con sus propias decisiones; y a donde sean integrados los roles establecidos de estos podría caerse en ser juez y parte, ante el posible monopolio que pudiera haber por las empresas del estado.
Sin el dinero, no hay forma de incrementar el gasto de una nación, la cual está sujeta a los ingresos que puedan surgir de los impuestos de una inversión directa extranjera al invertir en instalarse, operar e impulsar el negocio en un mercado con un piso parejo. Hoy el ingreso está limitado, ya que se acota a un número de empresas que se mantienen en el mercado mexicano.
Si no hay peculio, no habrá forma de tener un 70% en gasto en desarrollo social, y deberá haber un mayor déficit, y por tanto, más deuda pública. Si no crece el PIB, estaremos destinados a que la forma de medir la deuda respecto a este podría está por arriba del porcentaje observado en los últimos años. ¿Estamos listos para todos los cambios que queremos al estar cerca del país que más importa en el mundo?
