Una de las principales características del régimen político autollamado “Cuarta Transformación” que ha gobernado desde diciembre de 2018 y lo seguirá haciendo (al menos por seis años más) gracias a un indiscutible mandato popular, ha sido llevar a cabo los proyectos y acciones propuestas, independientemente de los costos y los resultados, algunos nada claros e incluso contraproducentes, como lo pueden significar los dos más próximos en proponerse: la reforma al poder judicial y la desaparición de los organismos autónomos.
Desde hace un par de años el presidente de la república ha puesto sis temáticamente en el ban quillo a los organismos autónomos, acusándolos de que responden sólo a intereses de particulares pasando por encima del “bienestar del pueblo”; además de que su operación significa un gasto excesivo por los supuestos privilegios que otorgan.
No obstante, la principal razón para su eliminación es la función que ejercen como contrapesos a la aplicación de políticas gubernamentales con trarias al desempeño eficiente de los mercados (caso del mercado energético), y a su labor como garantes de de terminados derechos de la ciudadanía, siendo uno de los más significativos el relativo al acceso a la información gubernamental, la rendición de cuentas y la transparencia, lo que evidentemente molesta a un gobierno que también se ha caracterizado por su opacidad.
Según el presupuesto de egresos (PEF) aprobado para 2024, los recursos destinados para la operación de es tos organismos ascienden a 4 mil 534 millones de pesos, cantidad insignificante ante los 9 billones de pesos del total presupuestado e incluso ante los 377 mil millones destinado a las actividades de gobierno.
Cabe señalar que la propuesta, al menos inicialmente, señala que los trabajadores no serían despedidos, sino que se integrarían a las diversas dependencias del gobierno. En este sentido, dado que el 63 por ciento del presupuesto aprobado se destina al rubro de ser vicios personales, prácticamente no existiría ahorro alguno en estas medidas.
La intención de desaparecer los organismos autónomos se había quedado a nivel de arengas en las conferencias mañaneras del presidente en virtud de que implica modificar la Constitución y no se contaba con las mayorías necesarias en el Congreso; sin embargo, tras las elecciones legislativas, es altamente probable que la coalición gobernante logre de manera directa o mediante acuerdos la ansiada mayoría calificada que le permita llevar a cabo tales propósitos.
Recientemente, se dio a conocer que las comisiones legislativas de la todavía actual legisla tura (y controladas por el partido en el poder desde 2021) han con cluido el dictamen co rrespondiente a la iniciativa propuesta por el presidente en febrero de este año junto a las más de 20 modificaciones le gales y constitucionales. La ruta por seguir es la aprobación en comisiones seguida de su presentación, “discusión” y aprobación por el pleno de ambas cámaras en septiembre, estando ya en funciones el nuevo congreso mayoritario.
La propuesta es desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) creado por este gobierno en sustitución del INEE.
El dictamen recoge los planteamientos del presidente de ser onerosos e innecesarios en virtud de que duplican funciones que ya realizan dependencias de la administración pública o en su caso podrían ser realizadas por éstas. Ambos argumentos son bastantes discutibles y deleznables.
Lo que sí es evidente es el costo para el país que tendría tal medida, sobre todo para el funcionamiento de los mercados y para la economía en su conjunto.
Mantener la autonomía de estos organismos resulta crucial para preservar su carácter técnico y evitar la manipulación política o la indolencia administrativa y funcional que caracteriza a la burocracia. Perder estos contrapesos técnicos tendría un impacto negativo en los mercados y por ende en la sociedad.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
