Las agencias calificadoras le quitarían a México el grado de inversión durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, ante una serie de desafíos políticos, económicos y fiscales, estimó la gestora de fondos Franklin Templeton.
El escenario base de Franklin Templeton, al que le asigna una probabilidad de 65%, también contempla una desaceleración del crecimiento económico nacional en la segunda parte de este año, con lo que cerraría en 2%, mientras que la inflación caería a 4.5% –aún fuera del rango de tolerancia de Banco de México– y la tasa de interés de referencia se ubicaría alrededor de 10.5%.
Entre los desafíos que enfrentará la siguiente administración destaca la reforma al Poder Judicial, que de acuerdo con la operadora de fondos podría tener un impacto negativo sobre el crecimiento potencial del producto interno bruto al mermar la confianza de los inversores, aunque no detalló cuál sería su magnitud.
La reforma también generaría mayor volatilidad en los mercados si se aprueba en los términos actuales durante la próxima legislatura, que arrancará en septiembre, pues los agentes financieros aún esperan que sufra modificaciones para mitigar su impacto sobre la inversión y el crecimiento.
“El tema es que la reforma judicial borra las reglas del juego y las reescribe; el problema es que todavía no sabemos cuáles son esas nuevas reglas y eso seguramente va a limitar la inversión”, dijo Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones de Franklin Templeton México, en conferencia de prensa. “En cierta medida, el hecho de que la reforma se vote en septiembre es positivo, porque quitas de la mesa esa incertidumbre”.
Actualmente, las tres calificadoras más importantes del mundo mantienen la nota soberana del país en la categoría de grado de inversión, aunque advirtieron que estarán atentas a la estrategia que seguirá el gobierno entrante para atender los riesgos asociados al deterioro de las finanzas públicas.
S&P Global Ratings ratificó la nota global del soberano en ‘BBB’ y Moody’s en ‘Baa2’, lo que en ambos casos representa el penúltimo nivel en el grupo de activos con grado de inversión, mientras que Fitch Ratings la reafirmó en ‘BBB-’ –el último peldaño antes del grupo especulativo–, todas con perspectiva estable.
Moody’s dijo en mayo que el próximo gobierno iniciará con una posición fiscal débil, por lo que quiere esperar a conocer las primeras políticas de Sheinbaum para revisar la calificación hacia el último trimestre de 2024. Por su parte, Fitch advirtió que la nota podría verse afectada si los déficits fiscales se mantienen elevados y conducen a un mayor endeudamiento.
Algunos grupos de análisis consideran que tanto Moody’s como S&P Global podrían cambiar la perspectiva de la calificación soberana a ‘negativa’, pero no coinciden en que el grado de inversión esté en riesgo.
En la jerga financiera, para que un activo sea considerado como especulativo debe tener por lo menos dos calificaciones fuera del grado de inversión, una situación que normalmente provoca salidas de capitales de fondos que tienen prohibido invertir en este tipo de instrumentos.
Independientemente de la posición institucional, el especialista dijo que, en su opinión, el país difícilmente perderá el grado de inversión durante el gobierno de Sheinbaum, quien ha expresado que buscará mantener la disciplina fiscal sin subir impuestos, aunque está en discusiones con su equipo sobre la pertinencia o no de ajustar este pronóstico.
Además, consideró que el elevado déficit que se ejercerá este año, que muchos especialistas ven como uno de los principales riesgos para la calificación soberana de México, será fácil de reducir en 2025, pues al restar rubros como las obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los gastos no recurrentes que se ejercieron este año, junto con un efecto inercial de crecimiento en los ingresos, se lograría un ajuste del déficit cercano a 2.5%.
El verdadero reto vendrá a partir de 2026, dijo Gonzali, ya que en las arcas públicas no habrá recursos suficientes para invertir en nuevos proyectos de infraestructura y el déficit podría aumentar nuevamente.
La visión de Gonzali contrasta incluso con la de Moody’s, que espera que el déficit continúe arriba de 4% del PIB en el primer año del sexenio y posteriormente se acerque a 3%, aunque las autoridades confían en alcanzar dicho nivel tan pronto como en 2025.
A ello se suma la delicada situación financiera y operativa de Petróleos Mexicanos, que para muchos plantea el principal riesgo para la estabilidad de las arcas públicas, dadas las crecientes transferencias que el gobierno ha tenido que hacerle a la compañía estatal para ayudarle a cubrir sus vencimientos de deuda, una situación que difícilmente cambiará mientras no logre ser productiva y rentable.
Los apoyos a Pemex, entre transferencias y descuentos en el impuesto conocido como Derecho de Utilidad Compartida (DUC), ascendieron a casi 1.5 billones de pesos en los primeros cinco años de la administración lopezobradorista, de acuerdo con la organización México Evalúa.
Incluso con estos mecanismos, las autoridades consideran que la reestructura de Pemex y su deuda es un proceso que tardará años en concluir, lo que también ha puesto en alerta a las calificadoras. Moody’s rebajó la calificación de la petrolera en febrero de ‘B1’ a ‘B3’, o del cuarto al sexto escaño en la categoría de grado especulativo.
Las otras grandes calificadoras no han ajustado la nota de Pemex hasta ahora, gracias al respaldo gubernamental.
