En el programa de televisión que conduzco en Foro TV, me he dado a la tarea de entrevistar a los afectados por la reforma judicial del presidente López Obrador. Me refiero a los juzgadores federales que serían despedidos de sus puestos y sustituidos por abogados elegidos directamente por la ciudadanía (aunque los destituidos tendrán derecho de presentarse a la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte).
Llevo hasta ahora cuatro entrevistas: tres con jueces de distrito y una con una magistrada de circuito. No representa una muestra representativa, pero sí nos da una idea de lo que están pensando y sintiendo algunos de los actores de la noticia.
Los cuatro me narraron el intrincado proceso que han pasado para convertirse en juzgadores. Empezaron desde abajo como oficiales judiciales aprobando los primeros exámenes de oposición. A dicho proceso se presentan miles de candidatos, sólo admiten a decenas.
Van subiendo los peldaños de la carrera judicial con más exámenes de oposición hasta llegar a la de juez de distrito. De acuerdo con el Inegi, actualmente existen 737 juzgadores de este tipo en diversas materias de litigio. De este puesto se puede saltar a una posición jerárquicamente superior, la de magistrado, también aprobando una serie de exámenes que realiza el Consejo de la Judicatura. Muchos que no tienen las calificaciones requeridas se quedan en el camino.
Hasta la de magistrado, se trata del típico servicio civil de carrera basado en criterios meritocráticos.
Ya para dar el salto a ministro de la Suprema Corte, la regla es política. El Presidente propone una terna al Senado que tiene que aprobarse por una mayoría calificada de dos terceras partes. Si en dos ocasiones no se logra esta votación, el Presidente impone a su candidato que puede ser o no miembro del Poder Judicial de la Federación.
Por lo que me contaron los jueces y la magistrada, su carga de trabajo es muy pesada. Resuelven cientos de casos al año. Cuentan con un staff que los auxilia, pero siempre se encuentran presionados por su carga laboral.
Me quedé con la impresión de que existe un espíritu de cuerpo entre los miembros del Poder Judicial. Hay honor y orgullo por ser jueces. Les gusta lo que hacen y entienden la importancia que tiene su labor para el funcionamiento de la República.
Aunque aceptan que existen casos de corrupción, rechazan tajantemente la caracterización del presidente López Obrador de ser “un poder corrupto con honrosas excepciones”. Me hablaron de los procesos vigentes para sancionar a juzgadores acusados de prácticas indebidas por parte de la Judicatura.
Los cuatro con los que platiqué están en contra de la idea de que jueces, magistrados y ministros se elijan por voto popular. No porque ellos saldrían perjudicados, sino porque tienen impregnados en su cultura jurídica que la legitimidad de los jueces proviene de su conocimiento y aplicación de las leyes. Ellos no están para ser populares, sino para hacer cumplir el Estado de derecho. Su función es defender la Constitución y, como me mencionó una, proteger a las minorías en contra de posibles abusos de la mayoría.
No consideran, en este sentido, que el Poder Judicial deba legitimarse a través de las urnas. Eso le corresponde al Ejecutivo y los legisladores.
Les pregunté si, de aprobarse la reforma, ellos se presentarían como candidatos para ocupar las plazas de jueces, magistrados o ministros. O no lo saben o no lo harán. Ya fuera del aire les cuestioné por qué. Me dijeron que ellos no son políticos y, por tanto, no saben o no les gusta hacer campañas electorales. Lo que siempre quisieron ser es jueces siguiendo la carrera judicial. Es lo que les gusta. Ahora, de repente, les quieren cambiar las reglas del juego pidiéndoles que hagan algo completamente diferente para lo que están preparados.
En México, estoy seguro, hay juzgadores buenos, regulares y malos. Lo que se requiere es elevar el estándar para que la mayoría sean buenos, en el sentido de que impartan justicia expedita de acuerdo con las leyes vigentes y respetando el derecho al debido proceso. Hoy, esos pocos o muchos jueces buenos que hay peligran para que sigan en su trabajo porque pueden resultar pésimos candidatos a un puesto que ahora será de elección popular. No serán elegidos por el pueblo. Eso sí, serán sustituidos por abogados grillos que, con el apoyo del aparato electoral de Morena, conseguirán los votos en las urnas.
X: @leozuckermann
